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Activistas exigen al Estado mexicano proteger la Caravana Migrante

A través de un comunicado suscrito por diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, reiteraron su llamado al gobierno federal para que garantice, respete y proteja los derechos migrantes durante el éxodo de centroamericanos rumbo a la frontera norte con el anhelo de ingresar a los Estados Unidos.

Señalan que “es fundamental que el Estado ofrezca su protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a las organizaciones y personas que les acompañan”.

El siguiente es el comunicado firmado por los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Miguel Agustín Pro Juárez y de Estudios Ecuménicos, entre otras organizaciones:

Las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al estado mexicano cumplir con sus obligaciones de protección a los derechos humanos y atención humanitaria a personas del éxodo centroamericano en el trayecto que emprenden de la CDMX hacia el norte y los grupos que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur, así como brindar protección y respaldo a todas las organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos y paz, así como a organismos internacionales que han desplegado un esfuerzo importante para acompañar a las personas migrantes durante su paso por México.

Las personas migrantes han recibido el apoyo humanitario generoso de personas, y de organizaciones internacionales y nacionales, así como el asesoramiento y acompañamiento legal y emocional en los lugares a los que han llegado, sin embargo, por diversas circunstancias son muy pocas las que han acompañado y acompañarán en su transitar por territorio mexicano.

Los organismos internacionales son vitales para el monitoreo y vigilancia del desarrollo de la Caravana, y los organismos autónomos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para vigilar el respeto y garantía de los derechos de las personas por parte del Estado mexicano. Este acompañamiento humanitario es fundamental para la seguridad de las personas migrantes, que se verán cada vez más amenazadas por grupos del crimen organizado y las malas condiciones atmosféricas a
medida que avanzan hacia el norte y del control fronterizo en los Estados Unidos de Norteamérica.

Para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, no es suficiente ofrecer apoyos en los lugares en los que permanecen transitoriamente, sus derechos están en riesgo particularmente durante su caminar. Una protección humanitaria robusta, articulada y permanente por y entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, puede reducir significativamente la vulnerabilidad de las y los migrantes, así como servir de testimonio de los atentados que se cometan en su contra.

La magnitud de esta movilidad obliga pensar en ella como un sujeto colectivo que tiene el derecho de gozar de protección especial, sobre todo cuando se han identificado a personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTI y personas de la tercera edad, las cuáles requieren y exigen atención prioritaria en los lugares en los que más riesgos y necesidades tienen como son las carreteras por las que transitan.

Es preciso que, en esta coyuntura crítica, el Estado mexicano interprete sus mandatos lo más amplio posible, para maximizar la atención humanitaria y la protección de derechos de las personas migrantes, en lugar de convertirlos en obstáculos, para lograr tales fines con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

La solidaridad activa de las organizaciones internacionales y nacionales es fundamental para reducir el riesgo de que la caravana migrante sea víctima colectiva de violaciones graves de derechos humanos. A mayor presencia de esas organizaciones y del estado, menos vulnerables serán los migrantes y más visibles serán los atropellos que se cometan en su contra. Por lo cual es fundamental que el Estado ofrezca su protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a las organizaciones y personas que les acompañan.

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