La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior, no sin antes reconocer el esfuerzo que han hecho y realizan las fuerzas armadas en el país.
Además aclararon que el Ejército y la Marina necesitan un marco legal que les dé certeza para ejercer sus funciones en tiempos de paz.
El ministro José Fernando Franco González Salas advirtió que la decisión que tome el presidente sobre el papel que deben jugar las fuerzas armadas es un acto de autoridad que solo a él compete, pero éste deberá estar fundado y motivado, siguiendo las directrices de los tratados internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismos que son obligatorios para el Estado Mexicano.
Nueve ministros votaron en contra del proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso avalar el estatuto. Manifestó no estar de acuerdo con la visión que tienen algunos de sus homólogos, que las fuerzas armadas realizarán labores de seguridad pública o que sustituirán a los cuerpos policiacos civiles. Indicó que a través de esta ley se intentaba regular las acciones de la fuerzas armadas en el país, por lo que es necesario que cuenten con un marco regulatorio.
La Ley de Seguridad Interior, abundó, no está empoderando a las fuerzas armadas. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, coincidió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar sobre el tema, pero apuntó que la emisión de dicha ley tiene vicios de origen, por lo que se debe declarar inconstitucional en su totalidad o de lo contrario podría generar un mal mayor a las fuerzas armadas.
La ministra Margarita Luna Ramos dijo que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar sobre el tema, pero manifestó estar en contra que las fuerzas armadas realicen labores se seguridad en tiempos de paz. Luna comentó que no es bien visto que el Ejército y la Marina tomen las acciones policiacas del país, pero aclaró que esa no es la idea que sigue el estatuto y que fue apoyado por el Presidente de la República ni por el Poder Legislativo Federal.
Sin embargo, la ministra coincidió que el estatuto está viciado de origen, tal y como señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, por lo que se pronunció en contra de la ley en su totalidad.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también se sumó en contra del proyecto, porque aseguró que la ley está viciada porque no se realizó una consulta para pedir la opinión de los indígenas. Pardo insistió que dicha ley prevé la intervención de las fuerzas policiales y no busca instaurar un toque de queda, ni que las autoridades ingresen a los domicilios para que arresten las personas.
La Ley de Seguridad Interior fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, pero nunca se aplicó porque el presidente Enrique Peña Nieto pidió que la Corte se pronunciara en el tema, ante las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, INAI, diputados y senadores, y municipios estatales, quienes interpusieron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
De igual manera, generó que organismos internacionales advirtieran sobre lo peligroso que resulta que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad.