Javier Padrón
Los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, encabezados por la priista Beatriz Benavente y el petista Pedro Carrizales (“El Mijis), realizaron este viernes un recorrido por el Centro de Reinserción Social de La Pila, no encontraron nada grave.
Salieron maravillados con el modelo penitenciario y se esmeraron en ensalzar al director de Prevención y Reinserción Social, Alfredo Vargas Quintanilla, y al director del penal, Juan Roberto Montes Romero, y les prometieron más recursos para el 2019, de acuerdo al boletín emitido, el Congreso del Estado podría aprobar un presupuesto de 36 millones de pesos para los seis penales del estado.
“El Mijis” se arrancó con las porras a la nueva administración penitenciaria: “ha hecho mucho con muy poco […] porque antes solamente venían a gritarles y sobajarlos, como nos pudieron platicar durante el recorrido; nos llevamos muchas tareas y el compromiso de apoyar aprovechando la buena voluntad de las autoridades […] realmente están haciendo milagros”.
Si alguien pudo haber hablado con franqueza de la cruda realidad penitenciaria que la conoce bien, fue el diputado petista, pero no lo hizo, optó por la diplomacia de las dulces mentiras, como cualquier político tradicional.
Mientras que los diputados Rubén Guajardo, del PAN y Angélica Mendoza, de Morena, solo aparecen de adorno en el boletín, tampoco vieron nada grave en la prisión de La Pila, al menos debieron darle un vistazo a las recomendaciones de la CNDH al sistema penitenciario potosino.
Lo que no vio la comisión legislativa en La Pila, más allá del arraigado tráfico y consumo de drogas que funciona como anestesia para buena parte de los reclusos y de negocio para algunas autoridades; los privilegios de unos cuantos reos que pueden pagar por ellos, la sobrepoblación, el hacinamiento; fue el trato discriminatorio de las autoridades carcelarias hacia las mujeres presas, las instalaciones no cubren sus necesidades específicas de maternidad y carecen de servicio de ginecología.
La CNDH ha recomendado la implementación de programas laborales, de estudio, capacitación, deporte y entretenimiento, y no pasa nada. Lo que hay, no es para todas, no está sistematizado y no sirve para garantizar su reinserción. En cambio, lo hombres cuentan con espacios para talleres y programas diversos.
Lo más grave, que corresponde atender al Poder Judicial del Estado, es la falta de justicia pronta y expedita, el nuevo sistema de justicia penal no ha logrado disminuir la población interna, la cárcel sigue siendo para los pobres.
La comisión legislativa continuará este mes con sus visitas a las prisiones de Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y Xolol, donde las condiciones de reclusión son más terribles, no se diga para los indígenas; ya veremos que reportan los legisladores.