El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas dio a conocer sus “Observaciones finales sobre el informe presentado por México”, en el que se advierte “con preocupación patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, escaso número de condenas”, así como “la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar”, alrededor de 35 mil, según informó el gobierno mexicano a principios de 2018.
Las desapariciones como la impunidad se han arraigado en el país, mientras que en el caso de las desapariciones de mujeres, niños y adolescentes, se propone garantizar la búsqueda inmediata y efectiva de todos los niños, niñas y adolescentes cuyo paradero se desconozca; establecer medidas de atención específicas y prioritarias para las niñas y niños familiares de personas desaparecidas, respetando el principio de interés superior de la niñez y brindado una adecuada atención psicosocial.
Algunas de las recomendaciones del organismo al Estado mexicano hace tres años, destacaba reconocer la competencia del Comité para atender casos específicos de desaparición ocurridos en México, algo que las autoridades nacionales se niegan a acatar desde 2007.
Debido a ello, ahora el Comité de la ONU reiteró su demanda al Estado mexicano de que acepte la competencia de este órgano internacional para atender casos específicos de desaparición.
Se calificó de “deplorable” la negativa del gobierno a aceptar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas realice una visita a México, decisión que se mantiene desde 2013.
El Comité de la ONU calificó como un avance positivo la expedición de una Ley General sobre Desaparición Forzada en México, pero “nota con preocupación el bajo nivel de implementación” de dicha norma, “continúa preocupándole la falta de garantías adecuadas para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones”.