El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Alberto Pérez Dayán, presentó un nuevo proyecto para que empleadas domésticas tengan acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El proyecto original tenía previsto discutirse en octubre de este año, pero se decidió aplazar la discusión del amparo interpuesto por María Rosario Garduño Gómez, quien fue empleada doméstica por 57 años y que solicitó su inclusión al IMSS, indemnización y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones.
Este miércoles, Pérez Dayán someterá a consulta con otros ministros de la Segunda Sala de la SCJN, un proyecto que prevé que voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores domésticos al declarar inconstitucional el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social.
Lo anterior por considerar que el hecho de que las trabajadoras domésticas se encuentren excluidas del régimen obligatorio del IMSS resulta violatorio del derecho humano a la seguridad social en igualdad de condiciones, es decir, es discriminatorio.
En el proyecto, que corresponde al amparo directo 9/2018, el ministro señala que el Estado debe tomar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para que los sistemas de seguridad social incluyan a los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, como lo son, precisamente, las trabajadoras del hogar.
“La exclusión de una adecuada cobertura y protección social, provoca que las trabajadoras del hogar enfrenten una situación de precariedad y olvido social que abona a su condición de marginación y contribuye al incremento de las desigualdades laborales y sociales entre el hombre y la mujer, así como a la perpetuación de estereotipos y prejuicios respecto a la carencia de valor que tiene el trabajo doméstico; todo ello afectando la dignidad de las mujeres que se dedican a dicha actividad productiva”, indica la propuesta que será discutida este 5 de diciembre.
El ministro detalla que las normas reclamadas dejan en un papel relegado a las mujeres que realizan labores domésticas, quienes resienten injustificadamente un obstáculo indebido al acceso a las prestaciones sociales estatales que permitan encontrarse protegidas contra circunstancias e imprevistos que coarten sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones dignas.
Pérez Dayán enfatizó que la afiliación voluntaria limita por completo cualquier esfuerzo que realicen las instituciones para extender la seguridad social a este grupo.
“En efecto, la cobertura voluntaria ‘carece de efectividad, toda vez que recarga en la trabajadora doméstica la difícil tarea de convencer al empleador para inscribirse en el seguro social’. Siendo que, acorde con la Organización Internacional del Trabajo, ‘el carácter obligatorio de la afiliación juega un papel fundamental para la extensión de la cobertura’.
“De hecho, los casos de mayores índices de cobertura efectiva, en términos de proporción del trabajo doméstico afiliado a regímenes de seguridad social, ‘se corresponden directamente con el carácter obligatorio de la cobertura”, se agrega.
Con información de Milenio.