El Senado abrirá sus puertas para que organizaciones sociales, colectivos y representantes de comunidades indígenas hagan propuestas para dar forma a una iniciativa y crear la Ley General para la Protección de Desplazados Internos, a causa de la violencia.
El compromiso fue adquirido por los secretarios de la Comisión de Derechos Humanos, Nestora Salgado y Emilio Álvarez Icaza, durante el Conversatorio sobre el Desplazamiento de Comunidades y Pueblos Indígenas, donde participaron representantes de 20 organizaciones y colectivos de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Morelos y Tamaulipas.
Ahí, se expuso que el desplazamiento interno ocurre en todo el país a causa de la violencia ejercida por la delincuencia organizada, gobiernos municipales y estatales, e incluso por grupos que contratan empresas trasnacionales, como las mineras canadienses, que buscan despoblar zonas donde pretenden extraer riquezas que pertenecen a comunidades indígenas.
Nestora Salgado, senadora por Morena, manifestó su compromiso y alianza con las víctimas, al referir que ella también ha padecido agresiones y amenazas por denunciar el desplazamiento interno de comunidades completas en su estado, Guerrero.
“Me han llamado para decirme que planean secuestrar a una de mis hijas o a mis hermanos. Pero aun así seguiré denunciando lo que le pasa a nuestra gente”, aseguró al ofrecer espacios dentro del Senado para que legisladores y organizaciones sociales elaboren conjuntamente la iniciativa y crear de la ley referida.
Subrayó que se abre la puerta del Senado para que las propias víctimas propongan los aspectos que consideren deben incluirse en la nueva ley. Planteó crear una mesa de trabajo, a la que se invitará a participar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez.
El legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza apuntó que se brindará la asesoría necesaria para dotar de solidez parlamentaria y legal a la iniciativa para crear la Ley General de Desplazamiento Interno.
Destacó la importancia del trabajo legislativo para que dejen de ser “invisibles” las víctimas y se combatan eficazmente negligencia, corrupción, omisiones e impunidad en la investigación y sanción de agresiones en las comunidades indígenas.