La diputada Sonia Mendoza Díaz presentó una iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que cada dependencia deberá contar con una Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, a fin de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos, mediante la atención, opiniones y coadyuvancia en el cumplimiento a las recomendaciones en la materia.
Así como la implementación de políticas públicas y la resolución de aquellos asuntos relacionados con el cumplimiento de los derechos humanos, lo anterior en coordinación con la Secretaría General de Gobierno.
Esta iniciativa de reforma es en el marco de que los servidores públicos están obligados a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, por ello se debe comenzar desde las instituciones públicas, porque además se trata de que la cultura en la materia se vea no sólo reflejada sino transversalizada en el quehacer diario de quienes integran el Poder Ejecutivo.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que las unidades de derechos humanos son un pendiente en el quehacer gubernamental, donde no se trata de una mera denominación sino de dotar de facultades para resolver la problemática diaria a la que se enfrenta cada dependencia.
Por ello, es necesario que cada acción gubernamental conlleve transversalizada la perspectiva de derechos humanos a fin de poder reforzar sus funciones en un espacio de gobernabilidad.
Estas unidades surgen ante la necesidad evidente de fortalecer al gobierno en este rubro, ya que éstas tendrán como objetivo orientar y asesorar a las diversas áreas que se encuentran al interior de las dependencias gubernamentales del Ejecutivo, dar atención, emitir opiniones y coadyuvar en el cumplimiento a las recomendaciones en derechos humanos, así como la implementación de políticas públicas y la resolución de aquellos asuntos relacionados con el cumplimiento en la materia.
La iniciativa de la legisladora Mendoza Díaz se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, Igualdad y Género, para su análisis correspondiente.