Con el apoyo de 50 mil firmas de ciudadanos potosinos, los diputados del PRD María Isabel González Tovar y Emmanuel Ramos Hernández respaldarán su voto en contra del “abusivo aumento” al agua que pretenden Xavier Nava Palacios y el PAN.
Asimismo, se opondrán a que los precios del servicio de agua potable sean indexados al Índice Nacional de Precios, con lo cual además del lesivo 40 por ciento que quieren imponer, se estarían sumando otros incrementos de manera paulatina.
En un pronunciamiento conjunto, ambos legisladores perredistas señalaron que los representantes que voten a favor del exagerado incremento a las cuotas y tarifas del agua, estarán traicionando los intereses de la gente, sobre todo de los más necesitados, quedando expuestos al repudio popular.
“Cientos de miles de potosinos acaban de ser afectados en su economía al quitárseles el beneficio del agua gratuita de garrafón, y ahora a eso el gobierno de Xavier Nava, respaldado por el PAN, pretende aumentar de manera desmesurada el agua escasa e insalubre que les llega por la tubería”, señalaron.
De esa manera, hicieron un exhorto a sus colegas de MORENA, PAN, PRI, y demás partidos, para que sea analizado el tema desde una perspectiva del derecho universal y de primera necesidad que es el agua, como un bien que debe ser garantizado sobre todo para niños, enfermos, discapacitados y ancianos.
“Es de tanta importancia el agua para la población, que estaremos faltando a nuestra responsabilidad si revisamos este asunto con fines meramente recaudatorios, dejando de lado que cualquier aumento, por mínimo que sea, resultará en una grave afectación para miles de familias que apenas sobreviven con lo más indispensable”, argumentaron los legisladores perredistas.
Como integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, la diputada perredista María Isabel González dio a conocer también el documento donde se opuso al aumento mediante un voto particular, donde detalla que para el citado cambio de tarifas ni siquiera se tomaron en cuenta los niveles de “eficiencia comercial, operativa y financiera” del organismo prestador del servicio.
Aseguró que el organismo operador no presentó tampoco “ningún soporte técnico financiero que justifique el desmedido incremento”.
González Tovar reseñó diversos elementos jurídicos que se estarían violando en caso de aprobarse el incremento, entre ellos, el que tampoco se presentara un plan de trabajo donde se expusiera el fin que tendrán los recursos que se obtendrían encareciendo la tarifa, “faltando con ello a lo estipulado en el artículo 92, fracción VIII de la Ley de Aguas para el Estado”.
Por otro lado, apoyada con cifras del mismo INTERAPAS, destacó que, teniendo éste una enorme cartera vencida por deudores morosos (cuya cantidad recuperable asciende a 165 millones de pesos), en vez de realizar el trabajo de cobro eficiente, pretende que sean los ciudadanos cumplidos quienes terminen pagando el incremento del 40 por ciento.
Para finalizar, la congresista planteó una revisión “financiera, administrativa y laboral” del señalado organismo operador del agua, “con el objetivo de establecer un plan de trabajo para combatir el déficit presupuestario que tiene el organismo”.