En México, el Estado podrá decomisar bienes inmuebles relacionados con hechos de corrupción, “huachicoleo” y encubrimiento, luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma para ampliar el régimen de extinción de dominio, informó la Organización Nacional contra la Corrupción (ONEA).
Con un total de 474 votos, los legisladores aprobaron que el recurso de extinción de dominio también se aplicará en casos relacionados a delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La medida deberá ser votada próximamente en las 32 legislaturas de las entidades, y promulgada por el presidente para que pueda ser ejercida por el Ministerio Público “a través de un procedimiento jurisdiccional de carácter autónomo del proceso penal”, y da al Congreso facultades para expedir la legislación en la materia, según reportaron diversos medios de comunicación.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Miroslava Carrillo, señaló que como parte de la Estrategia de Seguridad Pública, la extinción de dominio es la mejor herramienta para actuar contra los fondos económicos de la delincuencia.
Es de destacar que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que en el combate al narcotráfico en el país, la estrategia ahora apunta a las finanzas de los grupos de la delincuencia organizada.
Cabe recordar que en los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto el robo de combustible costó a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) más de 70 mil millones de pesos. Esos recursos serían suficientes para construir una refinería, según estimaciones de Luis Miguel González, del periódico El Economista.
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