La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional como una institución de carácter y dirección civil, y que faculta al Congreso de la Unión a expedir las siguientes tres leyes: orgánica de la Guardia Nacional, general del uso legítimo de la fuerza y nacional del registro de detenidos.
El Pleno lo aprobó, a las 18:00 horas, con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, con lo cual obtuvo la mayoría calificada requerida (dos terceras partes de los votos).
Acto seguido, comenzó la discusión en lo particular de las reservas hechas a ocho artículos constitucionales y a siete de transitorios, así como la adición de un precepto octavo transitorio.
La discusión y análisis en lo general inició a las 13:15 horas con la fundamentación del documento, en tribuna, a cargo de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).
Posteriormente, la Junta Directiva de la Comisión presentó una adenda con modificaciones al dictamen, la cual fue aceptada por el Pleno.
Carrillo Martínez informó que las “modificaciones sustantivas” fueron relativas a la dirección de la Guardia Nacional, la cual debe recaer en una autoridad civil; a las competencias de los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública, que deben quedar intocadas, y al fortalecimiento de mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
También sobre el establecimiento de una ruta de fortalecimiento de los cuerpos policiacos; la garantía de que la Guardia Nacional tenga formación y capacitación específica para la función policial, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género, y la consideración de mecanismos de control político y jurisdiccional de las actividades de la Guardia Nacional.
Tras ello, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y el diputado Ricardo Villarreal García (PAN) presentaron, por separado, mociones suspensivas al dictamen, las cuales fueron desechadas.
A favor del dictamen hablaron María Guillermina Alvarado Moreno (Morena), María Alemán Muñoz Castillo (PRI), Ana Ruth García Grande (PT), Juanita Guerra Mena (Morena), Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI), Esmeralda de la Ángeles Moreno Medina (PES) y Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI).
Asimismo Héctor Joel Villegas González (PES), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), María Roselia Jiménez Pérez (PT), Benito Medina Herrera (PRI), Claudia Reséndiz Hernández (PES) y Mario Delgado Carrillo (Morena).
En contra lo hicieron Martha Tagle Martínez (MC), Adriana Dávila Fernández (PAN), Mónica Bautista Rodríguez (PRD), Fernando Torres Graciano (PAN), Julieta Macías Rábado (MC), Lizbeth Mata Lozano (PAN), Alan Jesús Falomir Sáenz (MC), Verónica Juárez Piña (PRD), Janet Melanie Murillo Chávez (PAN), Carmen Julia Prudencio González (MC), Antonio Ortega Martínez (PRD) y Jorge Arturo Espadas Galván (PAN).
El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76,78, 82, 89 y 123, y surgió de una iniciativa de diputados de Morena, presentada por la legisladora María Guillermina Alvarado Moreno, el 20 de noviembre de 2018.
El dictamen define a la Guardia Nacional como una institución policial de la Federación responsable de las tareas de seguridad pública y de la preservación de los bienes y recursos de la nación, adscrita a la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Establece que será una institución de seguridad pública de carácter y dirección civil, con una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Se indica que la SSPC “formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones”.
En tanto, la Sedena, conforme a la ley, “dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas permanentes”.
Se estipula que “la formación, capacitación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones”.