Mientras que ayer se registró un ligero desabasto de gasolina que se atribuyó a un accidente ferroviario en la ruta Tampico-SLP que traía combustible a la capital potosina, Milenio difundió la noticia de que el empresario potosino José Luis Romero Calzada, dueño de Tekmol, está siendo investigado por robo de combustible.
Sobre el desabasto en la ciudad, Horacio Tobías, dirigente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), afirmó que este martes hubo un problema de abasto a las gasolineras luego de que un tren con cisternas se descarriló en el municipio de Tamasopo.
Aunque enfatizó en que el problema ya se resolvió y se ha normalizado el abasto desde la Terminal de Abasto y Distribución (TAD) de Pemex en San Luis Potosí, y exhortó a conductores a no realizar compras de “pánico”.
Por otro lado, en su edición de ayer el diario Milenio publicó la nota de Liliana Padilla, retomada por otros medios, en la que se expone la “trama de corrupción” de Pemex, en la que aparecen militares de alto grado, el líder sindical Carlos Romero Deschamps y José Luis Romero Calzada, ex diputado local y coordinador metropolitano del PRI, entre otras personas.
Días atrás se dio a conocer que Romero Calzada había solicitado un amparo para evitar ser aprehendido y que le fue negado, desde entonces no se sabe nada de su paradero.
La siguiente es la nota de Milenio:
“Las autoridades indagan ya a cinco ex funcionarios”
Dentro de la trama de corrupción que se indaga en Petróleos Mexicanos (Pemex) por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales investigan a cinco ex funcionarios.
Autoridades que participan en la investigación confirmaron a MILENIO que se trata de Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.
Otros dos funcionarios que también están sujetos a investigación son el ex gerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el ex gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva.
De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.
La actual administración detectó que los integrantes del crimen organizado eran avisados por personal de Pemex respecto a qué combustible se distribuía por los poliductos en horas específicas para que lo pudieran extraer.
Van sobre concesionarios
A dos semanas de haber arrancado su ofensiva contra el huachicol, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfila baterías contra estaciones de servicio que venden combustible robado, burlando los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP tiene en la mira estaciones de servicio en siete estados y 271 localidades, en donde se han detectado “operaciones irregulares” en las ventas que no cuadran con el combustible comprado a Pemex, por lo que se presume que el sobrante se habría adquirido de manera ilegal.
Ante el cúmulo de irregularidades, las cuentas de varios empresarios gasolineros ya fueron congeladas y se encuentran bajo análisis forense para determinar el origen de varios millones de pesos que, en primera instancia, no tienen comprobación. Por lo pronto y a la espera de las primeras consignaciones, la UIF ha puesto la lupa en gasolineras de entidades como Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Michoacán.
No son estados menores. La red de gasolineras ilegales ubicada en estas siete entidades concentra un quebranto al erario de hasta mil 742 millones de pesos, de un total de 3 mil 217 a escala nacional, de acuerdo con cifras oficiales.
Las primeras indagatorias muestran que poblaciones como Tijuana, Mexicali, Matamoros, Reynosa, Morelia, Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, además de la “franja del huachicol” en Puebla, en municipios como Tepeaca, San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo, Acatzingo y Acajete, tienen una elevada presencia de estaciones tramposas. Es un listado en el que se incluyen Estado de México y Ciudad de México.
Ilícito nacional
De la información difundida ayer se desprende que la geografía de la venta tramposa es prácticamente nacional. En la lista de localidades donde se ubican las gasolineras investigadas también hay motores turísticos como Cancún y Acapulco, puntos fronterizos como Ciudad Juárez y Tapachula, o capitales como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y Oaxaca.
Cifras de Pemex y de la CRE revelan que en los siete estados donde se concentra dicho quebranto está la tercera parte del total de estaciones de servicio del país.
En promedio, Baja California tiene 600 gasolineras, Tamaulipas supera las 500, Nuevo León, más de 660; Ciudad de México, 400; Estado de México, más de 960; Michoacán, 435 hasta hace dos años, y Puebla tendría más de 502, según las cifras de dicha fecha, lo que representa 3 mil 500 de las 12 mil estaciones que hay en el país.
