Yéssica Medrano, de 21 años, se vio atrapada en un tiroteo en Nuevo Laredo e intentó escapar, pero un grupo de soldados la hirió y la capturó después de darle una golpiza. Una vez que le extrajeron una esquirla en el hospital se enteró de que la Sedena la acusaba de portar armas. Durante su convalecencia comenzaron las presiones: bajo amenazas de encarcelarla, enviados del Ejército le arrancaron una firma que quedó plantada en un documento donde ella otorgaba el perdón a los agresores.
En cama, con dificultades de movilidad por el intenso dolor provocado por la incisión quirúrgica que le atraviesa el tórax, Yéssica Guadalupe Medrano Hernández sostiene su acusación contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):
“Me dispararon sin motivo y cuando caí llegaron a darme de patadas. Un paramédico de ellos llegó a ayudarme y otro soldado le gritó: ‘¡Déjala que se muera la perra, se la va a llevar la verga!’. También escuché a una señora que les decía a los soldados que me dejaran, que no era animal”, recuerda en entrevista la mujer de 21 años.
En su casa, situada en un barrio popular, Yéssica, madre soltera de dos niños, uno de cuatro años y otro de 15 meses, narra la agresión que sufrió el 29 de diciembre a plena luz del día, cuando ella y una amiga circulaban en su auto Honda gris; cómo fue acusada de portar cartuchos y cargadores de arma de fuego y la forma en que oficiales de la Sedena la presionaron para “otorgar el perdón” a los militares que la agredieron, tras reconocer el error de éstos.
El ataque, que tuvo lugar los últimos días de 2018 en Nuevo Laredo una de las ciudades con mayor presencia castrense en los últimos 12 años, ocurrió en medio del debate por darle carácter constitucional a la militarización de la seguridad pública mediante la creación de la Guardia Nacional.
Acompañada por su mamá, Nancy Hernández, Yéssica rememora el 29 de diciembre: se sintió aterrada cuando escuchó disparos y vio gente correr por las calles, por lo que ella y su amiga Rubí no dudaron en salir del auto para escapar.
“Al bajarme yo, me dicen los soldados que me pare. Cuando volteo, veo cuando uno de ellos se hinca para dispararme. Yo no traía nada y empecé a correr otra vez. A media cuadra siento que me pegan del lado derecho; caí junto a un carro y me empezaron a pegar, querían que prendiera un radio que ellos traían en la mano y les dije que no: ‘Eso no es mío, no lo voy a agarrar’. Empezaron a darme patadas en el pecho”, cuenta, a punto de llorar.
Intervenida en el Hospital General de Nuevo Laredo para extraerle una esquirla del riñón, Yéssica despertó horas más tarde con un cambio radical en su vida: se le acusaba de transportar dos cargadores y 62 cartuchos calibre .223, cinco de ellos percutidos, por lo que estaba detenida. Esos cargos se los leyó el titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Quintero Ponciano.
Para formular la acusación, el agente ministerial validó el parte firmado por el capitán segundo de la Policía Militar, Atalo Hernández Hernández, comandante de la Base de Operaciones Tango 41. En ese reporte, el oficial sostiene que, mientras realizaba actividades de patrullaje con 20 elementos de tropa y tres vehículos oficiales, fue detenido por una “fémina” acompañada por un menor de cinco años, quien denunció que dos vehículos, “un carro gris pequeño y siguiéndolo una camioneta pick up oscura (…) intercambiaban disparos entre los ocupantes de dichos vehículos”.
En el documento, al que tuvo acceso este semanario, el militar asegura que al circular por la calle Nuevo León y llegar a la calle Guerrero, la principal de la ciudad, la patrulla militar dio alcance al automóvil gris, del que bajaron dos ocupantes; el del lado del conductor, un hombre “quien notoriamente porta un arma larga entre sus manos, quien efectúa disparos hacia donde se encuentra el personal militar, además de que había personas caminando quienes también quedaron en riesgo”.
Según el mismo reporte militar, del lado del copiloto descendió una mujer “que caminaba lentamente”, a la que dio alcance el “soldado policía militar Juan José Martínez Cerón”, quien confirmó que la mujer “presentaba una herida en el costado derecho en sus costillas (…) solicitando el apoyo del servicio de sanidad para brindarle los primeros auxilios” y llamar a una ambulancia.
De acuerdo con los militares, buscaron al supuesto hombre armado, sin resultados, pero en el auto, el cual permaneció con las puertas abiertas, se observaba “desde el exterior con claridad la presencia de cargadores y cartuchos para arma de fuego”, por lo que se puso a disposición del agente ministerial.
El miedo
Horas después de ser intervenida quirúrgicamente y notificada de las acusaciones en su contra, Yéssica recibió la visita de dos hombres con corte de pelo militar acompañados de una mujer, todos vestidos de civil, quienes sacaron a los dos policías estatales que la custodiaban, cerraron la puerta y corrieron las cortinas.
El que iba al mando se presentó como sargento y dijo que iba en representación de los militares que la hirieron, en busca de su perdón a cambio de una indemnización y de hacerse cargo de su salud, para lo cual tendría que ser trasladada a un hospital militar en Monterrey, Nuevo León.
Ante la resistencia de la joven, quien había pedido al fiscal Quintero que se hicieran pruebas de radizonato y de dactiloscopia en los cartuchos que supuestamente encontraron en su vehículo, el militar recurrió a otros métodos.
“Me dice: ‘Piénsalo, tú no sabes ahorita dónde vas a parar, no sabes si vas a parar a la cárcel. Piensa en tus hijos, en tu mamá’. Tuve miedo, me sentí presionada. En pocas palabras, me decían que si no hacía lo que él decía, iba a ir presa saliendo del hospital”, sostiene Medrano Hernández.
No sólo la presionaron a ella. Cuando la señora Nancy Hernández dejó el hospital para ir a su casa, el mencionado sargento la llamó para pedirle que convenciera a su hija de darle el perdón jurídico a los soldados, adscritos al 16 Regimiento de Caballería Motorizada.
El 31 de diciembre el agente Jorge Quintero preguntó a una doctora, que revisaba a Yéssica en presencia de su madre, cuándo la daría de alta. La doctora contestó que en dos días y la joven tuvo miedo de ir a prisión porque todavía no podía incorporarse por sí misma sin dolor.
Momentos después llegaron los tres militares vestidos de civil, esta vez acompañados de dos uniformados, y reiteraron el ofrecimiento de atención médica a cambio de dejar sin efecto las acusaciones.
“Me hicieron sentir que la única salida eran ellos –dice Yéssica entre lágrimas–, porque al fiscal se le dijo que para pasado mañana estaba bien, y no me sentía bien para salir del hospital. No sabía dónde iba a parar. Y ellos dicen que me quitan los cargos y me llevan a Monterrey para que esté bien… Entonces firmé.”
Pese a la protesta de los policías que la resguardaban, a solicitud del agente del Ministerio Público federal, el mismo día la joven fue trasladada al Hospital Militar de Monterrey, donde permaneció hasta el 9 de enero.
De acuerdo con la carpeta de investigación 3471/2018, el 31 de diciembre el agente Jorge Quintero firmó un “Acuerdo de Libertad Durante la Investigación”, debido a que “hasta el momento no se cuenta con informe alguno que acredite que Yéssica Guadalupe Medrano Hernández cuente con algún mandamiento ministerial y/o judicial pendiente de cumplimentarse”.
De regreso a Nuevo Laredo, apoyada en el testimonio de su acompañante y con la asesoría de Martín Alvarado García y Alejandro López Zárate, abogados del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), el 12 de enero Yéssica interpuso una querella formal en contra de los elementos de la Sedena que atentaron contra su vida.
“Yo lo que quiero es justicia, porque los soldados no debieron dispararme. Si supiera que ese día iba armada, ¿para qué iba a poner una denuncia?”, puntualiza.
Según López Zárate, le solicitaron a la autoridad ministerial las videograbaciones de cámaras de vigilancia de al menos seis negocios en el área donde la joven fue atacada, así como la comparecencia de los militares que participaron en el operativo. “Pedimos a los negocios las grabaciones, porque con ellos podemos evidenciar que lo dicho por los soldados no está apegado a la verdad, y que atacaron a Yéssica sin razón”, explica el abogado.
“La denuncia es por lesiones, tentativa de homicidio y lo que resulte. Estamos hablando de hechos graves que tienen que ser debidamente castigados; no pueden ser subsanados con un perdón, es contra la ley”, interviene Alvarado García.
Y agrega: “Los militares le pusieron el cuadro del miedo, con tal de que no levantara ninguna denuncia de responsabilidad en contra de la Sedena. La amedrentaron con mandarla a la cárcel, y aquí en Nuevo Laredo todos sabemos que cualquier autoridad te puede sembrar cualquier delito. Yéssica se vio orillada a firmar un documento, el perdón, que no tiene validez porque los delitos son graves y los militares le metieron miedo”.
Con información de Proceso