Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral, pero rechazó dejar sin efecto el recorte de 950 millones de pesos que se le aplicó al presupuesto del organismo y al aumento de sueldo a sus integrantes.
La semana pasada el INE impugnó el recorte que la Cámara de Diputados aplicó al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional, pero le negó la suspensión solicitada en sus dos temas: aumento al presupuesto de operación y a los sueldos de sus integrantes.
En el acuerdo de admisión, el ministro señaló los mismos argumentos que realizó a la Comisión Federal de Competencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quienes les negó la suspensión, debido a que el presupuesto ya entró en vigor y no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar, cuya finalidad es preservar la materia del juicio.
Pérez Dayán ordenó dar vista a las autoridades señaladas como responsables, para que el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación, envíen al Alto Tribunal el informe correspondiente.
También les requirió a que, junto con el informe, envíen a la SCJN copia certificada de los antecedentes que a cada una corresponde, respecto de la iniciativa, discusión, aprobación, expedición y publicación del Presupuesto de Egresos para 2019.
La controversia del INE, en que impugna la reducción de 950 millones de pesos al presupuesto del organismo, tiene conexidad con las que promovieron, respectivamente, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en representación del Poder Judicial de la Federación; la Comisión Federal de Competencia Económica, que la amplió en dos ocasiones; el Banco de México, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Dado que en todos estos asuntos se impugnan decretos legislativos que se refieren al mismo tema jurídico (la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019), se acordó turnar este expediente también al ministro Pérez Dayán, para que instruya el procedimiento respectivo.
Hasta ahora, el ministro instructor solo ha concedido la suspensión de las normas impugnadas en controversias al Banco de México, por ser un organismo que genera sus propios ingresos y no depender del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con información de Milenio.