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Estados podrían cobrar impuestos ecológicos a empresas

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) se congratuló porque seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciarón en pro de avalar que las entidades federativas puedan aplicar impuestos ecológicos por el impacto ambiental generado debido a las operaciones del sector empresarial en sus territorio.

Confió que la próxima semana continúe el debate y se vote este proyecto a favor de que se implemente una política fiscal que hace corresponsables a gobiernos y empresas de garantizar el cuidado medioambiental y solventar el gasto público local.

“Es urgente implementar este tipo de gravámenes asumiendo el costo políticos y tomando en cuenta lo que le conviene al país, “por ello me congratulo con la postura responsable de los ministros de la Corte”, señaló en un comunicado.

El pasado jueves, la SCJN inició la discusión de la controversia constitucional contra la ley hacendaria de Zacatecas promovida por la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En su demanda, el gobierno federal consideró que el gobierno de Zacatecas no tiene facultad para imponer nuevas cargas tributarias a empresas por el impacto ambiental generado en el estado, como lo hizo en su ley hacendaria.

En ese sentido, Ramírez Cuellar reconoció el esfuerzo del gobierno de Zacatecas, por impulsar que se establezca el cobro de impuestos a las empresas por el impacto ambiental que generen en las entidades.

“Los impuestos creados al inicio de la administración local son: remediación ambiental en la extracción de materiales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.

De acuerdo a los cálculos realizados en 2017, se estimó la recaudación en 1,230 millones de pesos”, precisó.

Subrayó que esta es una responsabilidad política que deben asumir los gobiernos estatales ante la creciente demanda de más y mejores servicios públicos.

Agregó que esta medida no sólo motiva a las empresas a reducir los daños y racionalizar los recursos, sino que también fortalece los ingresos propios de los municipios y estados, que se traducirán en servicios para la población.

El diputado de Morena convocó a los demás Congresos locales a que se sumen a ésta iniciativa, y exhortó a los ministros a pronunciarse en favor de la misma, ya que la próxima semana continua el debate.

Refirió que mientras Australia y Alemania recaudan en promedio 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) por este tipo de cargas fiscales, en México sólo se recauda el 0.1 por ciento, pues no en todos los estados se recauda porque sus derechos son acotados.

“A México le beneficia por dos razones importantes a considerar, hay un claro deterioro en sus ecosistemas y el nivel de los ingresos estatales es insuficiente para solucionar los problemas de una población en aumento” , indicó.

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