Es necesario que los programas de desarrollo social incluyan la sustentabilidad, equidad de género y protección a los grupos vulnerables y que haya mayor protección para los ciudadanos, con certeza jurídica en cuanto al combate a la pobreza y el abatimiento de la desigualdad social.
Con ese objetivo, la diputada Laura Patricia Silva Celis presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para incluir lineamientos que debe tener la política social en materia de desarrollo, para combatir la pobreza y la desigualdad social.
Los caminos serán el fomento de la economía del sector social, y la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, así como del desarrollo regional y la equidad de género.
Además se deberá favorecer el desarrollo humano, a través del fomento a la cultura, la promoción del deporte, la atención de grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente, las sustentabilidad, la protección de la familia y el impulso a los programas de la mujer.
La diputada Laura Patricia Silva añadió que en la entidad, uno de los objetivos esenciales de la política gubernamental lo es el respeto a tópicos como la igualdad, equidad de género, sustentabilidad, corresponsabilidad, productividad entre otros, aspectos que enmarcan la tutela de los compromisos contraídos por nuestro país en materia de derechos humanos.
“Podemos notar que tales disposiciones se tranversalizan afectando diversas leyes para así tratar de abordar de la menor manera posible estos compromisos y con ello garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestra Entidad”.
Añadió que en la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí́ se plasman, en el artículo quinto, los principios de la política de desarrollo social, que se deben fortalecer.
“No podemos dejar de lado el hecho de insertar en nuestra normativa local prescripciones normativas que nos permitan brindar a los ciudadanos una mejor calidad de vida a través de una política de desarrollo social, atenta al respeto de los derechos humanos y que propicie el desarrollo de potencialidades de los ciudadanos, pero además el impulso de mejores condiciones en cada una de las zonas del Estado”, puntualizó.