Marcela Loyola
David Covarrubias Rendón, hermano de Carlos, el asesor jurídico de los comuneros de San Juan de Guadalupe y ambientalista, que sufrió el pasado fin de semana una agresión por parte de un grupo de comuneros a favor del proyecto inmobiliario, informó que ya se interpuso una denuncia contra los responsables.
Expuso que la vida de Carlos está en riesgo por la perforación de un pulmón, entre otras lesiones graves que ameritaron hospitalización y operaciones.
En conferencia de prensa, en compañía de un grupo de comuneros y de los diputados Pedro Carrizales Becerra y Marité Hernández Correa, lamentó que en la Fiscalía General del Estado sólo les dejó interponer una denuncia de hechos y se tuvo que señalar a las personas directas de la agresión, ya que no dejaron interponerla “contra los autores intelectuales entre los que figura el empresario Carlos López Medina”.
Explicó que el pasado sábado los comuneros Baudelia Aguilar, Noel de la Rosa, Juan García, Dolores Quintero y Tomás Jasso, junto a estudiantes universitarios, impulsaron una actividad sana y deportiva, tratando de construir una alternativa positiva, cuando un grupo de comuneros “con machetes y pistolas se fueron sobre Carlos, quien sigue hospitalizado y después de una intervención por ruptura de la clavícula derecha, además tiene la fractura en cinco costillas así como lesiones internas como fue la perforación de un pulmón que lo mantienen en observación hospitalaria”.
Agregó que ese día lo golpearon y derribaron para que se estrellara contra las rocas, y si su cabeza hubiese sido impactada las consecuencias de esta las lesiones hubieran sido más fuertes, la agresión se registró con “la anuencia de la Policía Ministerial y la Policía Metropolitana, cuidaron a los agresores, además, Carlos López y sus abogados no se ponen de acuerdo en la versión pues ahora no saben si fue un pleito o una caída, una provocación”.
David Covarrubias manifestó que es muy grave que se quiera fraccionar la Sierra de San Miguelito, ya que con esta acción con cualquier lluvia empeorarían las inundaciones, y aseguró que este atentando no los detendrá y continuarán haciendo las denuncias.
Aseveró que además solicitaron “las medidas de protección necesarias para el asesor jurídico de la comunidad de San Juan de Guadalupe, ya que temen que ocurra lo que en otros estados donde los activistas son asesinados”.
La comunidad y diversos ciudadanos de organizaciones van a convocar a una consulta pública para informar e involucrar a todos los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí sobre la defensa de la Sierra de San Miguelito; y en ese sentido emplazó al gobierno federal, al Congreso del Estado y a las autoridades competentes para que el conflicito sea resuelto en beneficio de todos.
Por su parte, los legisladores Pedro Carrizales y Marite Hernández brindaron todo el respaldo a la lucha por el cuidado del medio ambiente, y que coadyuvarán para evitar que continúe el daño a la Sierra de San Miguelito”.