La Comisión Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se mantiene muy atenta al estudio que lleva a cabo el INTERAPAS para identificar, localizar y regularizar las tomas clandestinas que hay en diversos sectores de la zona metropolitana, el cual quedará listo para abril.
En este sentido, el regidor presidente de dicha Comisión, Jaime Uriel Waldo Luna detalló que de acuerdo a informes del Organismo Intermunicipal, se calcula que existen más de 2 mil tomas con estas características, no obstante con el análisis que sigue su curso se determinará el número actualizado y exacto de las mismas, por lo que se podría superar esa cifra.
“Para la primera quincena de abril se espera que se concluya el referido estudio en el cual se especificarán las tomas no sólo domésticas que están fuera de la norma, sino industriales y hasta comercios, lo que permitirá conocer a ciencia cierta cuánta agua no contabilizada existe por zona y aplicar las medidas correspondientes”.
Detalló que la política impulsada desde la Junta de Gobierno del INTERAPAS no es interponer demandas de manera masiva, sino más bien, llamar al orden y cuando se detectan tomas clandestinas, se den de alta y comiencen a tributar.
No es lo mismo, añadió, una toma fuera de la norma de un usuario doméstico cuyo consumo promedio va de los 15 a los 20 metros cúbicos por bimestre que lo que consume una empresas, industria o un comercio, aunque tenemos conocimiento que hasta el momento, se han logrado regularizar ocho consumidores de gran impacto gracias a las gestiones del Alcalde, Xavier Nava, por lo que este tipo de gestiones continuarán.
Waldo Luna remarcó que la Comisión de Agua Potable está muy al pendiente de las afectaciones por el arranque del mantenimiento de 40 pozos, para evitar que se lucre con la necesidad de habitantes de colonias que tienen escasez de este servicio.
No obstante, el regidor exhortó a denunciar cualquier abuso al INTERAPAS, a los teléfonos 81162-30 ó al 81162-37; también en la página de Facebook oficial: Interapas San Luis Potosí, para que se investigue y sancione a quienes actúan en contra de la ciudadanía.