Diputados de Morena urgieron a dar trámite al punto de acuerdo que se encuentra en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que busca hacer pública toda la información reservada y clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, así como del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Los promoventes son los diputados Nelly Minerva Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Sergio Pérez Hernández de Morena y el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT, quienes buscan que diversos organismos, atiendan esta petición, entre ellos la Presidencia de la República y las Secretarías de Gobernación, Energía, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.
Así como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; la Auditoría Superior de la Federación; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y, la Comisión Federal de Electricidad.
“Estamos haciendo lo que nos toca, es nuestra obligación y responsabilidad dar respuesta a las y los trabajadores. Pedimos justicia, pedimos el esclarecimiento de los documentos para que los y las trabajadoras tengan una respuesta, por fin, a casi 10 años de aquel despido derivado de un decreto presidencial”, afirmó la diputada Carrasco Godínez.
Acompañadas de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, confiaron en que no se vuelva a repetir un suceso así para los trabajadores del país y no haya más injusticias.
Del Castillo Ibarra explicó que su propuesta fue suscrita por cerca de 40 legisladores más, quienes también consideraron que el proceso de extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, particularmente desde abril de 2013, ha brillado por su opacidad y falta de transparencia.
“Lo hace evidente las decenas de solicitudes de información negadas tanto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y las secretarías de Energía y Gobernación, entre otras entidades de la administración pública federal, que han argumentado que la información está clasificada como reservada por periodos que van de 4 a 12 años”, señaló.
Los legisladores acusaron que “desde que se ejecutó el proceso de extinción-liquidación, se han suscitado diversas anomalías, controversias y actos plagados de opacidad, que vulneran los ordenamientos constitucionales y convencionales, y, por ende, los derechos laborales, así como los relativos a la administración pública y los bienes nacionales”.
Subrayaron la importancia de que este asunto sea considerado de interés público y de seguridad nacional e insistieron en la urgencia de iniciar la desclasificación de la información, quitar todo tipo de reserva y hacer público el contenido de acuerdos, contratos, auditorías, dictámenes, decretos, circulares, títulos de concesión y cualquier otro documento que contenga información relacionada con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.