Durante el Foro “Retos del paquete económico 2019, ¿Presupuesto o Castigo?” que presentó la legisladora Patricia Terrazas Baca y los diputados federales del Partido Acción Nacional a los empresarios potosinos, coincidieron en sumar voluntades y hacer sinergia que ayude a ser un contrapeso efectivo para las iniciativas y decisiones del gobierno federal que están afectando la productividad y la economía que ponen en riesgo miles de empleos en el Estado, se informó en un boletín de prensa.
El evento tuvo lugar en un hotel con la presencia de representantes de los organismos empresariales del Estado, y fue convocado por los legisladores Josefina Salazar Báez y Xavier Azuara Zúñiga.
Patricia Terrazas Baca, quien funge como presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados detalló ante las y los empresarios los retos que enfrenta el país derivados del Paquete Económico 2019 y les externó la disposición que existe para colaborar desde el Congreso.
Dio a conocer las afectaciones que tendrá para el Estado la implementación de este presupuesto, tales como la eliminación total del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, la cual perjudica directamente al sector agropecuario y desarrollo rural de San Luis Potosí.
La diputada Josefina Salazar Báez, destacó la preocupación que existe por la conducción errática de este gobierno en temas tan delicados como la cancelación del nuevo aeropuerto; la pérdida de la confianza PEMEX y la CFE; consideró que estas malas decisiones pueden tener costo negativo para el país en el mediano y largo plazo.
Del mismo modo; Xavier Azuara apuntó que existen indicadores que señalan una muy probable desaceleración económica, tal como la reducción del 1.64% de crecimiento económico que estableció BANXICO y la pérdida de 250 mil empleos permanentes en diciembre del año pasado.
Los legisladores de Acción Nacional se comprometieron a mantener informados a los empresarios potosinos con el fin de hacer sinergia y lograr los contrapesos de la sociedad civil que se necesitan para vigilar que el gobierno federal tenga un manejo responsable de la economía y el gasto público, pero sobre todo, en la dignidad de la persona humana.