La diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 49 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para concientizar a la población sobre el uso
responsable de los servicios de emergencia y las leyes aplicables a su mal uso, ante el incremento de llamadas falsas.
Según estadísticas del propio servicio de llamadas de emergencia 911 del estado, de las más de dos mil 200 llamadas que se reciben diariamente, cerca de 400 solicitudes de auxilio son reales, lo que arroja porcentajes alarmantes como el hecho de que el 18 por ciento de las llamadas son emergencias reales, mientras que el 82 por ciento son falsas.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública dijo que las afectaciones de esta conducta son amplias, por eso se incluye en el Código Penal del Estado desde el año 2017 que comete delito quien realice o consienta que desde un teléfono fijo o celular, de su propiedad, o que se encuentre bajo su control, que se efectúen llamadas de auxilio a los servicios de emergencias como Cruz Roja, Bomberos, Protección
Civil, Seguridad Pública, entre otros, sin que exista acontecimiento que lo justifique.
Este delito se castigará con una pena de prisión de seis meses a tres años de prisión, y sanción pecuniaria de sesenta a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización vigente en el momento de
la comisión del delito. “Partiendo de su inclusión en el Código Penal, es necesario reconocer la gravedad de estos actos, ya que compromete recursos y servicios públicos que pueden ser usados por ejemplo, para salvar la vida de una persona en una emergencia real; por lo que las llamadas injustificadas pueden tener consecuencias de gran alcance”, apuntó.
La legisladora Beatriz Benavente dijo que “antes que considerar un aumento de penas frente al fenómeno, se debe tener en cuenta la concientización sobre la importancia del servicio de seguridad, la gravedad de las llamadas falsas, y su naturaleza delictiva, al igual que las penas aplicables. Con esos motivos, se propone establecer una nueva atribución a los organismos de coordinación en materia de seguridad pública, para
concientizar a la población sobre el uso responsable de los servicios de emergencia y las leyes aplicables a su mal uso”.