El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, diputado Ricardo Villareal Loo, rechazó cualquier posibilidad de que la revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se desarrollen bajo un sesgo partidista, pues afirmó que todo se llevará a cabo bajo los principios de responsabilidad y transparencia.
El legislador se refirió a la entrega de las cuentas públicas 2018, y señaló que existe la confianza de que los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, se mantendrán muy atentos al trabajo de fiscalización que desarrollará la Auditoria Superior del Estado (ASE), a fin de que se cumpla cabalmente con los procesos de verificación sobre cada una de las cuentas públicas que serán atendidas de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley.
Recordó que una vez que los entes auditables (58 Ayuntamientos, Organismos descentralizados, Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial), cumplieron con la entrega de sus cuentas públicas, la Comisión de Vigilancia las turnará a la Auditoria Superior del Estado, a fin de que se instauren los procesos de fiscalización y de ser necesario se podría citar a cualquier servidor público a despejar cualquier duda en base a las propias atribuciones de la ASE.
Por el momento, “es un tema que está en la cancha del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, sin embargo, tenemos confianza en que hará su trabajo, ya que tenemos la seguridad de que
los diputados estarán al pendiente de la revisión que aplique la Auditoria Superior del Estado (ASE), donde se requerirá de revisar bajo lupa, sobre algunas cuentas públicas a fin de transparentar la aplicación de recursos que forman parte del patrimonio de los potosinos”, agregó.
El diputado Ricardo Villareal Loo, insistió en señalar que el proceso de fiscalización de las cuentas públicas, se deberá llevar a cabo alejado de intereses político-partidistas, tendrá que prevalecer la transparencia en las revisiones, pues a diferencia de años anteriores, ahora la ASE, tendrá que aplicar una fiscalización de 9 meses de las anteriores administraciones municipales y 3 meses de las actuales.