El diputado del PES, Miguel Acundo González impulsa un punto de acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en coordinación con las entidades federativas, lleve a cabo un programa nacional de regularización de la propiedad de predios rústicos y urbanos, porque las personas interesadas en regular, enfrentan procedimientos administrativos o jurídicos engorrosos, costosos y extremadamente tardados.
El también secretario de la Comisión de Vivienda señaló que la falta de documentos para comprobar la posesión legal de casas o terrenos urbanos, suburbanos o rústicos es un problema creciente en todo el país, porque muchas familias no cuentan con los comprobantes que acrediten la propiedad de los mismos y las imposibilita a acceder a programas sociales y créditos.
Dicha situación frena e imposibilita el desarrollo económico y social de quienes no pueden demostrar la propiedad de su casa, algún terreno o tierra de su pertenencia.
Por ello, es necesario elaborar un programa federal con cobertura nacional y de carácter administrativo para que cualquier persona que se ostente como propietario y tenga la posesión pacífica, continua y pública obtenga su título de propiedad e inscripción ante el respectivo Registro Público de la Propiedad de su casa, terreno o tierra.
Con esta medida se dará certeza jurídica a los beneficiarios y se favorecerá el desarrollo económico y social de comunidades enteras que carecen de dichos títulos, además contribuirá a ordenar el crecimiento de los centros de población y orientar el uso productivo de los terrenos rurales.
Acundo González apuntó que no contar con el título de propiedad del inmueble que se posee por una compra, herencia u ocupación lícita pone en riesgo constante perder el patrimonio familiar o personal de sus poseedores, situación que genera una problemática social compleja porque impide el desarrollo social de comunidades e incide en el aumento de los índices de pobreza del país.
Refirió que existen diversos programas federales y locales que buscan solucionar la problemática; sin embargo están mal operados o resultan complejos, engorrosos y las acciones son insuficientes. Además, los solicitantes enfrentan burocracia y falta de personal idóneo para atender la gran demanda de trámites de regularización.
“Es común saber de alguien que lleva años queriendo regularizar la posesión legal de su propiedad, pero por la asesoría profesional que requieren y los gastos que ello implica, desisten de continuar con el proceso”, sostuvo en su propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.
En la actualidad, para regularizar la tenencia de un predio es necesario tener la asesoría especializada de dependencias federales, estatales o municipales para integrarse a algún programa en la materia, que implica realizar un trámite administrativo para la obtención de su título de propiedad; no obstante, no existen estrategias suficientes para atender a las personas interesadas en ordenar esta documentación.