La diputada Alejandra Valdés Martínez presentó una iniciativa de reforma al artículo 360 Bis del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que los delitos contra la prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros ser perseguirán de oficio.
Con esto, señala en su exposición de motivos, se busca fortalecer el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de pirataje en el transporte público en el estado de San Luis Potosí.
El artículo mencionado, establece que “Comete el delito contra la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, quien, sin concesión, permiso, o autorización correspondiente vigente, preste el servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades en las vías de jurisdicción estatal y municipal.
Este delito se sancionará con pena de prisión de tres a cinco años; sanción pecuniaria de trescientas a quinientas Unidades de Medida de Actualización; y suspensión hasta por un año del derecho para conducir vehículos. En caso de reincidencia, además de la pena de prisión correspondiente, se impondrá la privación definitiva del derecho de conducir vehículos.
Actualmente, este delito se persigue por querella necesaria, ya sea del usuario o persona afectada, o bien de la dependencia u órgano estatal del ramo.
La legisladora indica que la movilidad es un derecho humano de última generación que se vincula con otros derechos sociales, como el derecho a la ciudad, a la salud, a la vivienda, y al espacio público, y que se refiere a la capacidad de las personas para deslazarse a sí mismas, a sus familias, pertenencias y mercancías, para la satisfacción de sus necesidades primarias, de un lugar a otro dentro de su entorno geográfico.
“La falta de atención de los gobiernos ha provocado una crisis profunda del transporte público en San Luis Potosí, particularmente en la zona metropolitana y con el transporte público colectivo, el servicio particular y el prestado en las zonas semi-rurales en la huasteca potosina. El problema se agudiza ya que existen diversos tipos de servicio prestados de forma irregular”.
Explica que desde hace varios años existen denuncias de los concesionarios contra servicios ejecutivos e irregulares de taxi en zonas semi-urbanas y comunidades a lo largo de todo el estado.
“Este tema se ha tornado política y socialmente como una coyuntura debido a la aparición de los servicios de transporte a través de aplicaciones digitales como Uber e InDriver. Los cuales no están debidamente registrados, lo que provoca que las autoridades y concesionarios del servicio de taxi tradicional se encuentren en constante pugna”.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Justicia.