Marcela Loyola
Luego de tres años de haber denunciado hostigamiento y acoso laboral, Adriana Godoy, trabajadora de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social adscrita a la Unidad de Armamento, espera que por fin haya justicia, y no se siga protegiendo a los agresores.
“Apenas este año 2019 se empieza a iniciar el camino de la justicia, que es el camino que he estado buscando desde hace mucho tiempo y creo que es importante y relevante de buscar la justicia que es un poco tardía y agotador”, dijo.
Adriana Godoy dijo que cuando trabajaba en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social adscrita a la Unidad de Armamento, “siendo mi jefe José Roberto Calzada Álvarez, quien se mostró hostil desde su llegada y siempre cuestionaba mi trabajo, mi puesto, mis amistades y la forma en que me relacionaba con los compañeros y como me vestía”, comenzó el acoso y hostigamiento.
Su superior la llamaba seguido a su oficina, donde la sentaba y le hacía preguntas personales de su vida y familia, “de mi relación con mi esposo, junto con ello hacía referencia constantemente a mi cuerpo, a mi arreglo personal, a como me sentaba, como caminaba, que ropa se me veía mejor. Todo esto me ponía nerviosa porque constantemente me pedía que me sentara más cerca para verme, inventaba comisiones a mis compañeros para que me quedara sola en la oficina; y en ocasiones acercaba su cuerpo a mí y eso me daba temor porque sus piropos eran cada vez más constantes e intimidatorios, en algunas ocasiones intentó tocarme. Frente a los compañeros me pedía que me diera la vueltecita como para hacerlos reír, me sentía avergonzada por sus palabras y su trato cada vez era más soez”.
Indicó que debido a todo este acoso y hostigamiento tenía síntomas de enfermedades, temor de acudir al trabajo, dolor de cabeza y episodios de llanto, puesto que descalificaba su trabajo y a su persona, “me decía que no servía y que solo me estaba haciendo tonta, la intimidación me ocasionaba vergüenza”.
Adriana Godoy aseveró que en agosto del 2016 decidió presentar una queja en el SUTGE y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero cuando el general Arturo Alejandro Barrera, director general de Prevención y Reinserción Social, quien fungía como su superior jerárquico y era gran amigo de su acosador, se enteró de las acciones jurídicas y la tachó de mentirosa, que retirara las acusaciones y pidiera perdón.
“Me acusó de ser mentirosa y me indicó que tenía que pedir una disculpa a mi agresor y frente a varios directores me dijo que procedí muy mal, que dijera que estaba trastornada o consumía drogas, y a la cual me negué”, aseveró.
Posteriormente presentó una denuncia ante el Ministerio Publico por acoso y hostigamiento sexual, el cual desafortunadamente está naturalizado, y con la recomendación de la CEDH se espera que por fin se haga justicia y se repare el daño causado.
La quejosa dio rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, en compañía de la abogada Celia García Valdivieso, donde relató que desde mayo del 2016 inició el acoso sexual y hostigamiento en su contra,
“Cualquier cosa que le pueda suceder a ella, a su familia, también a sus defensoras y defensores será a causa de esta denuncia pública que se realiza para que se dé cumplimiento a la recomendación 3/2019 de la CEDH y se hace responsable al agresor”, señaló la abogada Celia García Valdivieso.