De acuerdo al ranking de Opacidad Judicial en México realizado por la organización (In) Justicia Abierta todos los poderes judiciales del país están reprobados en “justicia abierta”, ninguno logró el 50 por ciento del puntaje.
En lo único que fue considerado positivo el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, es en que se manifestó a favor de que todas las sentencias emitidas son de interés público y por lo tanto deben ser publicadas.
Presidido por Juan Paulo Almazán Cué, el Poder Judicial del Estado no alcanzó los puntos suficientes para aprobar esta evaluación y figura como parcialmente cumplido.
El informe fue presentado en el Senado por Reyes Rodríguez, quien expuso que “se trata de un estudio crítico sobre la Justicia Abierta y la forma en que los poderes judiciales estatales entienden sus obligaciones de transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas”.
El informe (In) Justicia Abierta que realiza esta organización pone de relieve la resistencia generalizada e institucionalizada de la judicatura para abrirse a la ciudadanía y permitir ser monitoreada. El estudio analiza la disparidad y diversidad que existe entre las leyes estatales, así como las brechas que se dan entre las normas y la práctica, que en su conjunto ilustran el distanciamiento de los jueces hacia el reclamo que hace la ciudadanía para conocer y evaluar su trabajo.
“Desde la judicatura federal, institución de la cual soy integrante, considero que las y los jueces debemos ser receptivos a este tipo de estudios, ya que una de las vías para fortalecer a la judicatura es precisamente la de acercar y mostrarla a la ciudadanía. El desconocimiento de nuestra función es un factor que propicia la desconfianza y la deslegitimidad. En la medida en que nuestro trabajo se entienda, es decir, que la sociedad comprenda nuestras sentencias y razonamientos, nos transformaremos en agentes promotores del respeto a la cultura de la legalidad”.
Afirmó que “un primer hallazgo trata sobre el número de sentencias que dictan nuestros tribunales. En el estudio se señala que sólo 14 tribunales informaron el número de sentencias que emiten, dicho de otra forma, sólo en esas 14 entidades, la administración judicial sabe si los juzgados tienen rezago o si son eficientes, así como si hay aumento o baja en las cargas de trabajo, entre otras cuestiones”.
