Marcela Loyola
Durante la comparecencia del Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, reveló que al inicio de la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal, los elementos policíacos tenían temor de ser los primeros respondientes, además se quejó de que los delitos estén creciendo pero no aumenta el personal de la dependencia.
Dijo que ante el inicio del sistema penal los agentes lo implementaban pero con mucho temor y con adversidades, pues algunos de los primeros respondientes evitaban la puesta a disposición a consecuencia del temor a la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y su comparecencia ante el juez.
Los datos proceden de una estadística interna en donde refleja cómo se han ido moviendo las puestas a disposición en los años 2015 a 2019, que es en aumento de un 60 por ciento, y ello es consecuencia de los diversos conversatorios y capacitaciones que han recibido los primeros respondientes.
Indicó que la información del temor de los agentes, se refiere a una medición del nuevo sistema, y pasa por alto la operatividad que tenía y sigue teniendo el sistema tradicional.
“En nuestro concepto, el parámetro que se mide a través de LAB JUSTICIA, no es del todo concluyente; en su evaluación omiten señalar que, en junio 10 de 2016, como lo he referido, se inició en su totalidad el sistema penal acusatorio en todo el Estado de San Luis Potosí, lo que nos deja en desventaja, ante aquellos que iniciaron con anterioridad, la implementación del sistema en mención”, aseveró.
El fiscal también recalcó que es importante aclarar que la seguridad pública no está dentro de la competencia de la Fiscalía General del Estado, ello está bajo la competencia exclusiva de la Secretaría de Seguridad Pública y de las policías municipales, que son las corporaciones que tienen a su encargo la prevención.
“A nosotros nos compete la investigación de los delitos, dar con el paradero de quien o quienes cometieron un comportamiento que es sancionado por la ley como hecho con apariencia de delito”, aseveró.
También, lamentó la falta de personal de la Fiscalía puesto que han crecido los delitos pero el número de trabajadores ha incrementado en menor medida y espera que el Poder Legislativo lo apoye con más presupuesto para agentes de la policía administradora.
En cuanto a la productividad operativa y ministerial de la institución a lo largo de los 3 años y siete meses desde que estamos al frente, es la siguiente: la Policía de Investigación ha logrado la captura de 4 mil 730 personas por diversos delitos en toda la entidad potosina; de esas, 3 mil 342 son de la zona Centro; 372 en la zona Media; 230 en la zona Altiplano; 515 en la Huasteca Norte; y 271 en la Huasteca Sur.
De estas detenciones, 698 corresponden a homicidios; 30 a homicidio en grado de tentativa; 711 a robo en sus diversa s modalidades; 416 a lesiones; 262 a violación; 87 a violación en grado de tentativa; 102 a abuso sexual; 95 a secuestro; 33 a privación ilegal de la libertad; 247 a violencia familiar; 51 a abigeato; 190 a fraude diverso, 162 a incumplimiento a las obligaciones familiares; el resto a otros delitos.
La Fiscalía ha desarticulado 67 bandas delictivas, relacionadas a homicidios, secuestros, robos, extorsiones, cobros de piso y otros delitos de alto impacto. De esas 67 bandas, 51 fueron detenidas en la zona Centro; 2 a la zona Media; 5 en el Altiplano; 8 en la Huasteca Norte; y 1 en la Huasteca Sur.
Asimismo, se han capturado a 77 objetivos criminales en el periodo del 26 de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2019, que tenían presencia delictiva u operaban en las cuatro regiones de San Luis Potosí. De los objetivos criminales, 44 corresponden a la zona Centro; 2 a la zona Media; 7 al Altiplano; 21 a la Huasteca Norte; y 3 a la Huasteca Sur.
Del 1° de octubre del 2015 al 28 de febrero del 2019 , se registraron 114 mil 919 delitos, derivado de las denuncias recibidas en la Fiscalía General del Estado, de las cuales se cuenta con la determinación del 54.2%, que equivalen a un 25.1% en Archivo Temporal, los cuales son atendidos en la Unidad Estratégica de Investigación y Análisis, en donde se trabaja con patrones de conducta con la finalidad de identificar a los presuntos y formular imputación; 18.2% se resolvieron a través de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos.
En 6.7% se decretó el no ejercicio de la acción penal en sus diversas modalidades como el perdón legal, falta de requisitos de procedibilidad, entre otros; y un 1.7% se acumularon las causas; el 2.5% se llevaron ante la Autoridad Judicial, quedando pendiente por determinar un 45%.
En cuanto al trabajo de la conformación de los expedientes de investigación y su seguimiento ante la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado, del año 2016 al 2019, ha obtenido 1 mil 553 sentencias condenatorias, a través del Sistema Tradicional de Justicia, que se mantienen aún presente en toda la entidad y 425 sentencias condenatorias desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que da un total de 1 mil 978 sentencias en ambos sistemas. Recordando que, con el naciente sistema de justicia, hay medidas alternas de solución de conflictos.
De las sentencias condenatorias obtenidas a través del Sistema Tradicional, 190 corresponden al delito de homicidio, 16 a Feminicidio, 257 a Robo diverso, 52 a secuestro y privación ilegal de la libertad, 68 por violación, 63 por abuso sexual, 128 por violencia familiar, 13 por abigeato, 115 por narcomenudeo y contra la salud, con altas penalidades solicitadas a la autoridad judicial.
En materia de Secuestros, ya con el nuevo sistema de justicia penal, del año 2017 a 2019, la Fiscalía ha obtenido 16 sentencias condenatorias, destacando una por 80 años en 2018, 4 por 80 años en 2019, 9 por 50 años y 1 por 50 años, principalmente a través de Juicios Orales.
Sobre los casos 2019, señalados en el documento que se me hizo llegar y de los cuales buscan conocer cuál es el estatus de los mismos, les comento que debido al sigilo con que deben llevarse los expedientes, no podríamos dar detalles de cada uno, pero les puedo indicar que el 65% de esos asuntos está resuelto: con un 37% ya están en etapa de investigación complementaria y un 28% con mandamientos judiciales en trabajos de cumplimentación. El resto que es el 35% de esos casos en mención, se mantienen en investigación y con avances considerables.
Los diputados que faltaron a la comparecencia son Pedro Carrizales Becerra, Consuelo Carmona Salas, Angélica Mendoza Camacho, Vianey Montes Colunga y Emmanuel Ramos Hernández