La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y Uber México hicieron alianza para trabajar en conjunto con el objetivo de combatir a la delincuencia, a través de la tecnología de esa aplicación y con ello, se agilicen las investigaciones cuando sea necesario y siempre que lo permitan las disposiciones legales.
Por medio de un curso ofrecido por la empresa digital, elementos de la Policía de Investigación (PDI), conocieron a detalle los procedimientos a seguir y las autorizaciones para dar seguimiento a casos que involucren a la plataforma.
Diariamente la aplicación recaba información de los miles de viajes que se realizan en el país a través de traslados que son respaldados por tecnología que permite rastrear rutas, tener datos del vehículo y conductor, así como contar con registros del día y hora de los viajes, entre otras funciones, todo en el marco de la ley.
En los casos que sea necesario, dichos datos serán compartidos con las autoridades de San Luis Potosí para apoyar las labores de investigación delictiva, a través de un equipo especializado en seguridad que se encargará de analizar y revisar las peticiones para posteriormente compartir la información.
Cabe destacar que sólo a través de instancias de procuración de justicia y con una solicitud relacionada a una investigación penal con claro sustento jurídico, se proporcionará información tanto de socios conductores como de usuarios. De otra forma, la aplicación mantiene la confidencialidad de datos de acuerdo a lo establecido en su Política de Privacidad y la Ley de Protección de Datos Personales.
Como parte de esta colaboración con la Fiscalía General del Estado, la empresa presentó procesos que ayudarán a reducir el tiempo de respuesta de algún dato posible de compartir respecto de actos delictivos y con lo que se contribuye a la apertura de nuevas líneas de investigación o el fortalecimiento de las mismas.
Otros ejemplos de colaboración que se han hecho con instituciones de investigación en México, son las alianzas con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, la Unidad Antisecuestro de Nuevo León y la Fiscalía de Chihuahua, en donde se ha ayudado a recaudar información crucial durante las investigaciones.