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Reforma exhibe a Carreras por obstaculizar sistema estatal anticorrupción

De “surrealista” calificó el diario Reforma la postura del gobernador Juan Manuel Carreras López por la serie de obstáculos y yerros cometidos en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, en su noticia principal de este lunes 17 de junio.

Luego de casi dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo están actualmente paralizados debido a la intervención de gobernadores y legisladores, los cuales han obstaculizado la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).

Además, una investigación elaborada por la organización “ETHOS, Laboratorio de Políticas Públicas”, citada por Reforma, deja en evidencia que en diez entidades, en todos los casos, hubo acciones para bloquear la participación de la sociedad civil en estos sistemas, sin distingo del origen partidista del gobernador.

También se ha encontró que se ha complicado la conformación de las estructuras, el presupuesto y el marco legal para garantizar la operación de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC) en los SEA.

Las entidades señaladas son Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

En el caso de Baja California, “el PAN en el Congreso y en el Gobierno del estado, con dolo, alevosía y ventaja, están congelando nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano”, advirtió el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC).

Este estado, que a partir de noviembre será gobernado por Morena tras 30 años de dominio panista, es uno de las tres que todavía no tienen fiscal anticorrupción. Los otros son Baja California Sur y Ciudad de México.

Está también el caso del mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras (PRI), señalado de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas, ya que el Periódico Oficial del estado tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC, y cuando lo hizo, nombró como presidenta a una integrante que ya había renunciado al cargo e incluso que ya había fallecido.

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