El asesinato de José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato, el pasado 10 de junio, evidencia el riesgo para los ambientalistas en México, donde hubo 49 agresiones en 2018, reveló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
De estos 16 fueron homicidios -con 21 víctimas- y el resto fueron agresiones físicas, intimidación, amenazas, privación ilegal de libertad, allanamiento, criminalización u hostigamiento, indicó el CEMDA, organismo que lleva un registro sistemático de dicha problemática.
Sin embargo, las agresiones se incrementan hasta la cifra de 440 si se atiende al periodo comprendido desde 2010 hasta finales de 2018.
Una de las afectadas fue Aída Isela González, directora ejecutiva de Alianza Sierra Madre, asociación que trabaja en defensa del territorio de los pueblos originarios de Chihuahua, estado ubicado en norte de México.
González recibió dos amenazas. La primera en 2011 cuando salía del Tribunal Agrario Unitario de la capital chihuahuense, tras asistir como acompañante a una audiencia; la segunda en 2013 por las mismas personas.
En 2011, a ella y la persona que acompañaba se les acercó el hijo de Artemio Fontes Lugo, señalado como cacique de Coloradas de la Virgen, en el municipio chihuahuense de Guadalupe y Calvo, y le dijo que si seguía apoyando a los rarámuri, se los iban a cargar (matar).
“Denuncié esta situación”, confirma González a Efe. Y, tras ello, continuó su trabajo pero en 2013, los mismos caciques le dijeron a ella y sus colaboradores que salieran de la comunidad y ante el miedo de sufrir consecuencia físicas, se marcharon del lugar.
Dieron parte a las autoridades competentes y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les adjudicó medidas de seguridad y pudieron regresar al terreno 16 meses después.
“El acompañamiento de los agentes ha sido eficaz”, asegura González, aunque reconoce que existen algunas “deficiencias” en lo relativo a la protección de las comunidades.
Los problemas de las comunidades de Guadalupe y Calvo son las propias de la sierra Tarahumara, donde los caciques estarían despojando a los pueblos originarios de sus territorios y recursos.
“La usurpación de los territorios es para la apropiación de los recursos naturales, fundamentalmente para la explotación forestal con fines comerciales, así como para la obtención de concesiones mineras por parte de empresas nacionales y extranjeras”, explica Aída Isela González.
Denunciaron que en la zona se cultivan marihuana y amapola, aunque en los últimos años esta última opción ha ido ganando importancia frente a la primera.
Gustavo Castro, director de la organización Otros Mundos y único testigo del asesinato de la hondureña Berta Cáceres en marzo de 2016 en Honduras, responsabiliza a “las inversiones realizadas en el marco de los tratados de libre comercio” de la “apropiación de territorios”, con el fin de destinarlos a explotaciones agrícolas o mineras.
De hecho, Castro ha sido otro de los afectados por los ataques en contra de defensores ambientales.
Tras el asesinato de Cáceres volvió a México, y ante el peligro de permanecer en el país, debido a la posible persecución por parte de los asesinos de la ambientalista, se marchó a España, donde vivió dos años.
“Había un interés para que no testificara en el reconocimiento directo de los imputados en el asesinato de Cáceres”, asegura a Efe Gustavo Castro.
Sus abogados, con el apoyo de Amnistía Internacional y otras organizaciones, “me sugirieron salir un tiempo mientras encontraban a los culpables”.
De hecho, había indicios de que responsables de la muerte de la activista hondureña pudieron llegar a México, ya que Henry Javier Hernández, uno de los presuntos asesinos, fue aprehendido en el país el 12 de enero de 2017.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Víctor Manuel Toledo, denunció las agresiones a actividades al presentar los lineamientos ambientales del gobierno.
Algunos afectados como Gustavo Castro, reconocen la dificultad que tendría el gobierno para poder hacer frente a esta problemática.
En este sentido, se debería enfrentar a “grupos bien armados que se encontrarían fuera de control”, por lo que “sentimos que el gobierno federal no tiene la capacidad de controlarlos”.
En cualquier caso, una de las soluciones pasaría por la “modificación de la estructura con la que se entregan los territorios a las empresas trasnacionales”, concluye Castro.
Con información de: Sin Embargo