Marcela Loyola
La oficial 11 del Registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández, exigió la destitución del secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, y de todos los funcionarios que participaron en el desalojo violento, violando sus derechos humanos.
María Teresa Carrizales precisó que la inconformidad de los funcionarios municipales en su contra se originó porque denunció a Pérez García de los cobros ilegales de los servicios del Registro Civil, a lo cual ella se negó y comenzó el hostigamiento en su contra.
Manifestó que el pasado viernes se metieron a su oficina, de donde le robaron 20 mil pesos y objetos personales como una computadora portátil, por lo que interpuso una denuncia contra quien resultara responsable, ya que desconocía que se trataba de funcionarios municipales, y a raíz de esto, decidió llevarse los documentos oficiales para evitar que los sustrajeran.
La afectada dijo que el pasado lunes llegó una persona para destituirla en el cargo y se negó a irse, ya que tiene el nombramiento por parte del gobierno estatal, y trató de marcarle a Luz María Lastras, titular el Registro Civil, pero ya la había bloqueado; posteriormente llegaron los elementos de la policía municipal a desalojarla.
Dijo que a las personas les pidió que no utilizaran la violencia porque sufría de ataques epilépticos y estaba en tratamiento contra el cáncer, pero hicieron caso omiso, la arrastraron y golpearon para sacarla de las oficinas como se muestra en el video que circula en redes sociales y en los medios de comunicación, para posteriormente llevarla a la barandilla municipal, y durante el camino los elementos policíacos le solicitaron una disculpa porque que “no querían participar en el desalojo pero los obligaron”.
María Teresa Carrizales aseguró que no puede ser destituida del cargo, ya que sólo se podría con un juicio y pese a esto tiene derecho a impugnar y hasta ampararse, por lo que los hechos que se presentaron en su contra son ilegales.
Indicó que debido por estos sucesos ya presentó una denuncia penal contra el alcalde Xavier Nava Palacios y el secretario general del Ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García, además pide la destitución de los funcionarios que participaron en el desalojo violento.
También presentará una solicitud de juicio político contra Xavier Nava, hará todo lo que esté a su alcance para que no sea candidato a la gubernatura, por todas las irregularidades y corrupción que hay en su administración.