El jueves pasado el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, mejor conocido como “Napito”, estuvo en esta capital en un evento sindical realizado en el Centro de Convenciones —orgullo del despilfarro del gobierno patronal marcelista—; también en la Casa de Moneda, de la que fue “orgullosamente” director, recordó en su cuenta de Twitter, y en la Minera Las Cuevas, en Villa de Zaragoza.
En su calidad de “presidente y secretario general” del sindicato nacional de los mineros, encabezó asambleas sindicales y repartió ejemplares de la Constitución Política a escolares, y se lanzó en contra de la urbanización de las más de 400 hectáreas donde estuviera la Planta de Cobre, propiedad de su enemigo Germán Larrea Mota Velasco.
El cambio de uso de suelo de esa superficie, ubicada al poniente de la ciudad, y que durante más de 100 años fueron contaminadas con arsénico, cianuro y otras sustancias peligrosas que, a decir de “Napito”, algunas provocan cáncer, se perfila como otro conflicto social y político que le va a rebotar a los tres niveles de gobierno, y se suma al que ya está en curso de la Sierra de San Miguelito.
El proyecto de Larrea está por cumplir una década de que fue anunciado y la inversión sería de 12 mil millones de pesos, el sector privado local y su brazo cetemista están a la expectativa por el alto impacto económico del que sacarán provecho, no parece importarles mucho los riesgos a la salud pública, el lucro está sobre cualquier otra consideración.
Como era previsible, el gobierno del alcalde Xavier Nava le da un trato especial a los ejecutivos de Larrea, no está de más recordar que es uno de los hombres más ricos del planeta: sobre los escritorios de Fernando Torre Silva, director del IMPLAN (del que tomó posesión tras un operativo policiaco para desalojar a Alfonso Díaz de León Guillén), y de Patricia Rodríguez Álvarez, titular de Catastro y Desarrollo Urbano, están en calidad de prioritarios los expedientes presentados para darle trámite al cambio de uso de suelo de más de 400 hectáreas.
Nadie en su sano juicio se opone a las inversiones, pero falta conocer la postura de la SEMARNAT sobre el estatus técnico y legal de la remediación de las 400 hectáreas, si serán aptas para su poblamiento porque hay la sospecha de que todo es una simulación (como está ocurriendo con el caso de las cientos de hectáreas contaminadas en Cerro de San Pedro y Soledad por la Minera San Xavier, contra la que “Napito” no dijo ni pío porque es de capital canadiense, país del que también es ciudadano).
Hace tres años, para constatar los “avances de la remediación” en lo que fuera la Planta de Cobre, estuvieron el gobernador Juan Manuel Carreras, Xavier García de Quevedo, presidente de infraestructura del Grupo México, y otros directivos como Isaac López Arzola y Miguel Ángel Galván Solís; además del titular de la SEDECO, Gustavo Puente Orozco; los abogados José Mario de la Garza, Horacio Sánchez Unzueta y Jorge Chessal; y la titular de la SEGAM, Yvett Salazar Torres.
En el boletín de prensa que emitió entonces el Grupo México, se presumió:
“…al cierre de operaciones en 2010 [de la Planta de Cobre], la empresa IMMSA realizó tareas para reintegrar ambientalmente los terrenos ocupados por esa industria, trabajos que se extendieron a las áreas limítrofes y que se realizan dentro de los requisitos que se exigen para que los terrenos utilizados en la industria metalúrgica tengan certeza ecológica y ambiental, para que no dañen la salud de la población. La remediación se efectúa con los lineamientos de las normas y leyes ambientales que rigen tanto en México como a nivel mundial…”
También se mencionan a varias “instituciones y expertos” involucradas en la remediación: la UASLP, la UNAM, INSECAMI, CIMA, CESCA, RVO y Compañía, Buro Hidrológico, Casales y Casales, GEOVISA y FLOPAC.
Después de tres años no se ha informado de manera oficial, ni por la empresa ni por el gobierno federal, sí ya concluyó y fue aprobada la remediación. Las señales que ha mandado el gobierno de AMLO no son positivas para los potosinos: en febrero pasado, la entonces titular de la SEMARNAT, Josefa González Blanco Ortiz Mena, expidió un permiso para que la Refinería de Zinc continuara operando 50 años más pese a los riesgos de explosividad y los fraccionamientos que la circundan.
Del nuevo titular de la SEMARNAT, Víctor Toledo, se esperaría una actitud honesta y apegada a la ley respecto a la remediación de los terrenos de la Planta de Cobre, si en verdad cumple con todos los requisitos y la población que los habite estaría a salvo de cualquier daño a su salud.
No es improbable que AMLO doble las manos ante Larrea —pese a la animadversión mutua que se tienen— en nombre del “progreso” de los potosinos, por lo que Toledo es otro candidato a renunciar al gabinete de la #4T en caso de que se oponga a darle luz verde a los proyectos de Larrea en la Planta de Cobre y al de Carlos López Medina en la Sierra de San Miguelito.
Es probable que el corporativo de Larrea tenga ya un borrador del nuevo Plan de Centro de Población Estratégico SLP-Soledad, para ajustarse a los nuevos lineamientos de manera ventajosa, como asegura el abogado Carlos Covarrubias que ya lo tiene el fraccionador Carlos López Medina.
Este trato privilegiado del gobierno de Xavier Nava a Larrea y Chato López corre a cargo del secretario general Sebastián Pérez y los directores Fernando Torre Silva y Patricia Rodríguez Álvarez, afectando así los derechos de los demás empresarios del ramo de la construcción y de la ciudad en general, a los que se les da un trato de segunda, tercera y hasta cuarta clase, se gobierna solo a favor de una minoría. [Javier Padrón].