La diputada Angélica Mendoza Camacho presentó una iniciativa para reformar la fracción II y la fracción III, del Articulo 10, y Reformar el Artículo 11, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luís Potosí.
De esta manera, se propone establecer que el Sistema Estatal deberá contar los Atlas Estatal de Riesgo y Municipales de Riesgo, los cuales se deberán publicar, difundir periódicamente y tener a disposición de la ciudadanía en general, de manera impresa y por Internet, junto con los documentos referentes al Programa Estatal de Protección Civil, el Directorio Estatal de Integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, el Inventario de recursos humanos y materiales del Consejo; el Registro de grupos voluntarios, y el registro de agentes consultores capacitadores.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que “en nuestro Estado y de manera inmediata, se debe dar inicio a la promoción de una nueva cultura de protección civil, ya que los sismos, las grietas geológicas y los desastres ocasionados por trombas y lluvias demasiado intensas, son cada vez más frecuentes, por lo que la demanda de estudios para el análisis sobre las zonas de riesgo para la población y la elaboración de los manuales de prevención por parte de los expertos, se vuelven indispensables”.
“Como un paralelo obligado, se debe establecer una estrategia de difusión masiva sobre las medidas de precaución que debemos tomar en cuenta para que no se autoricen centros de población en áreas consideradas como zonas de riesgo y que esto nos permita ir mejorando la implementación de las acciones de salvaguarda y protección de las personas”.
Indica que la razón de ser del área de protección civil es sin duda alguna el resguardo de la vida y los bienes de los habitantes del Estado. El gobierno tiene como tarea esencial, establecer acciones y políticas públicas en materia de prevención sobre los riesgos y el auxilio que debe prestar a la población en caso de emergencia, y la atención le corresponde a los Sistemas de Protección Civil, ya sea Estatal o Municipales.
El objetivo debe ser la disminución de los riesgos sobre los daños que pueden ser causados por fenómenos naturales y humanos, así como contar con la difusión oportuna y adecuada sobre la forma en que debe actuar la ciudadanía, ante las emergencias que se presentan por los desastres provocados por dichos fenómenos.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.