Uno de los motivos que propició la renuncia de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de México, fue el arbitraje solicitado por la estatal eléctrica CFE contra una sociedad internacional respecto a pagos por un gasoducto, dijo el exfuncionario en una entrevista publicada el domingo.
Las declaraciones dadas a la revista Proceso fueron las primeras de Urzúa tras convertirse esta semana en el funcionario de más alto rango en abandonar, a menos de un año de su mandato, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sorprendiendo a inversionistas y mercados.
“Puedo referir (…) cuál fue una de las gotas que casi derramó el vaso. Un alto funcionario y yo fuimos a comentarle al presidente hace unos días que lo que está haciendo la CFE no es en beneficio de México”, dijo Urzúa citando el arbitraje por un gasoducto construido por TC Energy junto a la mexicana IEnova.
“Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro (…), pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, agregó tras ser consultado por Proceso sobre qué fue lo que le hizo enojar, algo que no reveló.
En su carta de renuncia publicada en Twitter, quien era uno de los hombres más cercanos a AMLO expresó su desacuerdo con que se hayan “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.
Urzúa admitió que tuvo discrepancias con la cancelación del proyecto para un aeropuerto en Ciudad de México, con hacer una refinería que los expertos han advertido podría casi duplicar el presupuesto y con el “Tren Maya”. “Yo no hubiera puesto tanto dinero este año para proyectos que no pueden despegar rápido”.
El exsecretario también publicó en su carta esta semana que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, un hecho que, dijo, “fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
El extitular de Hacienda confirmó a Proceso que el conflicto de interés del gobierno al que alude en su carta es con Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia, a quien también acusó de “imponer” a Margarita Ríos-Farjat en la autoridad tributaria SAT y a Eugenio Nájera en dos bancos estatales.
Urzúa sostuvo que Romo, a quien considera como de “extrema derecha”, y su familia cercana no deberían tener participación financiera en Vector Casa de Bolsa, una correduría que es parte de una empresa fundada por el jefe de la oficina de Presidencia, aunque dijo que no le consta que haya habido conflicto.
Romo renunció a los consejos de varias empresas antes de que el gobierno asumiera el 1 de diciembre, incluida Vector. Su hermano aún figura en el sitio web de la firma como miembro de la junta. Ni Vector, ni un portavoz de la oficina de Presidencia respondieron de inmediato a solicitud de comentarios.
Con información de Reuters.