Luego de que se diera conocer que en mayo pasado la Junta de Coordinación Política acordó emprender una acción legal en contra de la exoficial mayor Marcelina Oviedo por no haber cumplido con el proceso de entrega-recepción, el contralor interno Jesús Rocha Martínez tuvo que salir al quite para corregir lo que se consideró como una represalia.
“Cumplió con el proceso de entrega-recepción en los términos de ley, por lo que no fue necesario aplicar ningún procedimiento”, aclaró Rocha Martínez en un boletín de prensa.
A principios de junio, Oviedo solventó el proceso de entrega de documentación, temas pendientes y de esta manera se dio cumplimiento a la obligación estipulada en la ley.
El contralor Jesús Rocha dijo que hubo un acuerdo de JUCOPO para requerir a la ex oficial mayor a fin de cumplir la solventación, el cual atendió en los términos legales que corresponden.
En esos términos quedó zanjada la controversia en ciernes, pero cabe recordar que Oviedo ha declarado en distintas ocasiones que ella fue cesada por lograr ahorros e intentar aplicar una política de austeridad ante el dispendio que ha caracterizado a esta Legislatura desde su instalación y con la promesa fallida que se iba a actuar de una manera muy distinta a su antecesora que se distinguió por los escándalos de la “ecuación corrupta” y la facturación de empresas “fantasma” para encubrir el desvío de recursos de apoyos sociales.
Oviedo fue destituida por el pleno del Congreso del Estado a moción de la JUCOPO, presidida por su compañero de partido: Edson de Jesús Quintanar, con el pretexto de que su licenciatura en agronomía no era compatible con el cargo de oficial mayor, el trasfondo fue ventilado por ella misma: su oposición al derroche y exigir además el informe de siniestralidad del seguro de gastos médicos de la legislatura pasada, lo que derivó en una confrontación con su antecesora Beatriz Benavente y ahora diputada.