La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas siete investigaciones en torno a posibles conflictos de intereses de Carlos Lomelí, ex delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco por delitos que van desde cohecho y conflicto de interés hasta enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.
“La Secretaría de la Función Pública tiene en curso siete investigaciones que ya arrojan indicios de posibles conductas irregulares (…) sancionables a través de medidas administrativas disciplinarias. La primera en mayo de este año”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
En conferencia de prensa, Sandoval Ballesteros dijo que la separación del cargo de Lomelí se dio luego de que el 8 de julio informaron a Gabriel García, coordinador de los delegados federales, que tenían indicios de irregularidades vinculadas con su participación en una red de farmacéuticos que se benefician con contratos del gobierno.
“Informamos a Gabriel García de nuestras investigaciones y la necesidad de tomar medidas preventivas, después de informar constantemente al Presidente. Por ello recibimos con beneplácito la renuncia de Lomelí y reafirmamos nuestro compromiso de llevar hasta las últimas consecuencias nuestras siete investigaciones, cuatro de empresas vinculadas al empresario”.
Tras la conferencia mañanera del Presidente, la funcionaria explicó que las investigaciones continúan pese a la renuncia del ex candidato de Morena al gobierno de Jalisco.
La funcionaria dijo que las sanciones van desde la destitución definitiva del cargo, una sanción económica y la inhabilitación de hasta por 20 años, además de que podría darse vista a la Fiscalía General de la República, en caso que haya elementos para comenzar una investigación penal.
Sandoval detalló que se basarán en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también será aplicable la “ley de austeridad republicana” que señala “directamente que todos los contratos asignados por tráfico de influencias o conflicto de interés deben revertirse”.
Aunque esta ley no está vigente y no es retroactiva, la funcionaria insistió en que “ya es minuta de ley y estará vigente en unas semanas, nos basaremos en ley vigente y se pueden aplicar”.
Destacó que “este gobierno no avanza a costa de quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos”, por lo que insistió en que las investigaciones están fundadas y se llegará hasta las últimas consecuencias.
“Dijimos desde el principio, y hoy repetimos, que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quién los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación.
“Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos a la existencia de instancias a modo que no cuestionaban ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. De hecho, durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio decretada a desaparecer, pero por fortuna llegó a tiempo el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatarla, relanzarla y restituirla en favor del interés público”.
Por Milenio.