Colaboradores del Partido del Trabajo en el comité estatal denunciaron que fueron despedidos sin que se les otorgara el finiquito correspondiente, y acusaron a la dirigente estatal Patricia Álvarez Escobedo de dar información falsa a la Secretaría del Trabajo en la demanda que interpusieron, puesto que ella sostiene que se trata de empleados que renunciaron a sus cargos y que recibieron una liquidación, cuando en realidad “no hemos renunciado ni nos han dado un peso de lo que nos corresponde”.
Para ello, el partido presentó ante la Secretaría del Trabajo documentos de renuncia y finiquito supuestamente firmados por cuatro ex empleados, quienes denunciaron que se trata de una falsificación.
La primera en interponer una demanda laboral fue Consuelo Muñoz Rivas, quien hacía trabajos de afiliación y de gestión de programas sociales para el PT, a la que un día le dijeron que ya no iba a haber trabajo porque ya no había dinero.
“Primero hicimos tres reuniones de conciliación pero no se logró nada y fue cuando se pasó a la demanda. En la primera audiencia los representantes del partido negaron toda relación conmigo, aseguraron que no trabajaba con ello, que no me conocían y que por eso no tenía derecho a nada”, dijo en entrevista telefónica Consuelo Muñoz.
Pero en la siguiente audiencia, el PT estatal cayó en una contradicción, puesto que presentó una supuesta hoja de renuncia y un documento de liquidación que aparentemente también había sido firmado por la ex empleada.
Incluso, afirmaron que se le había pagado el finiquito en efectivo.
“Primero negaron tener relación laboral conmigo y luego presentaron documentos con firmas falsas; yo nunca pude hablar personalmente con la dirigente Patricia Álvarez, ella nunca me quiso recibir, se me dijo que era órdenes de la dirigencia nacional, pero jamás firmé ni renuncia ni finiquito”.
Unos días después, otros tres empleados –entre ellos una mujer de intendencia- corrieron la misma suerte y al interponer demandas laborales, el PT hizo lo mismo que con Consuelo: presentó documentos de renuncia y entrega de finiquitos económicos presuntamente firmados.
Así ocurrió con Álvaro Cabriales Alemán, un hombre de 81 años que cumplía con diversas actividades en el partido: proselitismo, afiliaciones, representante ante el INE y ante el Consejo estatal electoral y de participación ciudadana, Ceepac; María Isabel Mares Hernández, empleada de intendencia con 69 años de edad y Jesús Bertha Betancourt.
Álvaro Cabriales contó que la dirigente Patricia Álvarez le dijo que quedaba fuera. “Ni sabe lo que hice yo allí en el partido, ayudándoles para que otros llegaran a la diputación, al municipio; no puede ser. Cómo es posible que si tienen el logotipo defendiendo a los trabajadores y ellos mismos nos avientan a la calle, una patada y ya vete”.
Mientras que María Isabel Mares fue despedida por la administradora del partido, quien pretendió enviarla de vacaciones y después “me pidió que firmara varias hojas, pero había una renuncia”, misma que ella se negó a firmar.
Jesús Bertha Betancourt Serna explicó que la situación laboral en el comité estatal se complicó con la llegada de Patricia Álvarez; “empezamos a tener problemas para que nos pagaran las quincenas, hay muchos cambios; nos dice que ya no hay trabajo, no nos dan tareas”.
En su caso, después de que se le informó que no había dinero para pagarle, “comencé a tener hostilidades laborales, ya no me dejaban ni entrar a las instalaciones, no me convocaban a las juntas del partido”.
El proceso laboral tendrá una próxima audiencia. “No queremos nada más que lo que nos corresponde”, señalaron los ex empleados.
Por Proceso