Los fraccionadores que revolotean sobre la apetitosa Sierra de San Miguelito operan como la central cetemista, antes de que una fábrica se instale ya tienen un sindicato registrado y al servicio del patrón, aunque sea de puros fantasmas, así las grandes inmobiliarias antes de tener la propiedad de un terreno y mucho menos el cambio de uso de suelo, ya tienen el proyecto listo para comenzar a atraer clientes.
En este escenario, autoridades como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y el Cabildo capitalino, aparecen como meras comparsas, ceden su papel principal y regulador a favor de intereses privados; la postura del gobierno de la 4T está en veremos, en apariencia está en contra de la privatización de las 2 mil 69 hectáreas, de la primera etapa, porque en la segunda van por otra extensión similar.
Los personajes principales de esta historia en curso que será un ecocidio, son Carlos López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra: el primero, con una experiencia acumulada de tres generaciones en estos menesteres del acaparamiento y especulación del suelo urbano, arquitecto de la zona dorada de la ciudad; el segundo, inmobiliario regio con presencia en varias entidades del país.
Enfrentados en un principio por la disputa de la Sierra de San Miguelito, cada uno por su cuenta repartieron millones a los comuneros para convencerlos de las bondades del negocio de sus tierras improductivas, no les quedó de otra que conciliarse y jalar juntos ante la resistencia de un grupo de comuneros encabezados por el asesor jurídico Carlos Covarrubias, al que le mandaron unos golpeadores para que se “aplacara” sin lograrlo.
Como lo hizo el “Chato” López para quedarse con las casi mil hectáreas de la Garita de Jalisco, “el ejido de oro”, invitó a Vicente Rangel Lozano y Roberto García Navarro para que le ayudaran y tener una mayor liquidez que él, por sí solo, no tiene; les compartió ahora el negocio de la Sierra de San Miguelito a otros empresarios locales de grandes capitales y membrecía en La Lonja para más señas; además, para que el avezado Tamayo, del grupo Century, no se lleve una mayor tajada de la que le corresponde por su condición de fuereño.
Hay otros personajes involucrados que han realizado otras tareas para facilitar el ecocidio en nombre del progreso de la ciudad, como el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, habría sido el gran operador político para hacer a un lado a Ricardo Gallardo Juárez y encumbrar a Xavier Nava en la alcaldía potosina.
El principal interés de Horacio está en otro negocio, representa al Grupo México de Germán Larrea, tiene que cabildear para obtener los permisos necesarios para la comercialización de unas 600 hectáreas de lo que fuera la planta de Cobre, contaminadas con diversos metales muy perjudiciales para la salud, aunque se diga que ya se remediaron.
El valor del metro cuadrado del Grupo México está muy debajo de los que impondrá el “Chato” López en la Sierra de San Miguelito.
Los activistas ecologistas
También hay ambientalistas que juegan un doble papel: Edgardo de los Santos, del “Grupo Sierra de San Miguelito”, durante el incendio de la Sierra de San Miguelito se le vio abatido, se quejó que ni siquiera escucharon sus propuestas para apagar el incendio más rápido; cuando a él se le atribuye ahora la autoría del proyecto de declaratoria de área natural protegida que, a nombre del gobierno carrerista, se le mandó al Presidente AMLO y al titular de la Semarnat, Vicente Toledo.
En el proyecto de declaratoria, De los Santos habría dejado fuera las 2 mil 69 hectáreas para que López, Tamayo y demás socios puedan realizar el gran negocio de miles de millones de pesos, teniendo de socios menores a los comuneros.
Otro ecologista que se ha destacado en el tema de la medición del aire ante la terrible omisión de SEGAM, cuya titular, Ivette Salazar, se sintió muy agraviada y lo denunció por exigirle que cumpliera con su trabajo, Luis González Lozano, de “Cambio de Ruta”, le ha entrado y fuerte a la controversia de la Sierra de San Miguelito en contra de los fraccionadores e incluso opositores.
Se le ubica como navista, en su perfil de Twitter se describe como “fifí liberal progresista”, es consejero de la CEDH, abogado, miembro de la elitista barra de José Mario de la Garza; una garganta profunda asegura que el navismo se ha dividido: una parte se opone al “Chato” López y otra lo respalda hasta la ignominia, sí coinciden en un febril antigallardismo.
Cabe recordar que el navismo se rasgó las vestiduras con el cambio de uso de suelo de casi 7 hectáreas de Gallardo en el rancho de San José de Buenavista, área natural protegida, (a la que el “Chato” siempre le ha echado el ojo); caso en el que González jugó un papel relevante para revertirlo ante la justicia federal y en el Cabildo navista-panista.
Pero rayando en la hipocresía, el navismo, o una parte, se congratula ante el inminente cambio de uso de suelo de las 2 mil 69 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, extensión que está dentro de la área de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga AN-PPRE, según el Plan del Centro Estratégico de Población, ya actualizado en términos favorables a los fraccionadores y que se presentará oficialmente en fecha propicia.
La Cañada de Lobo
Quizá como cabeza de la reducida ala navista que está en contra del “Chato” López y Tamayo, el abogado González, desde sus redes sociales, después de la asamblea comunal en la que se acordó firmar contratos individuales con “Horizontes del Espacio”, ha denunciado a la inmobiliaria Las Cañadas: “Desde edificios de lujo sin licencias de construcción ni uso de suelo, hasta la urbanización por parte de la Comunidad de San Juan de Guadalupe (esa que dice defender la SSM) de la Cañada de Lobos con empresarios depredadores…”
La Cañada de Lobo es tan antigua como el origen de la ciudad, aparece como propiedad de la orden agustina en 1617; y en la incipiente vida independiente la represa fue la que abasteció de agua a la ciudad a través del sistema que se construyó hasta la Caja de Agua en la Calzada de Guadalupe.
La represa es propiedad federal, pero a su alrededor existe ya un proyecto para urbanizar de la inmobiliaria Las Cañadas, se trata de unas 400 hectáreas que colindan con las 100 que se contempla donar a la UASLP.
Este paseo tradicional de los domingos para muchas familias potosinas desde antes que existieran los parques de Morales y Tangamanga, perdería su calidad pública, los lobos de la cañada ya tienen tiempo que andan sueltos. [Javier Padrón]
