La abogada Fabiola Quintanilla Reynoso, del equipo asesor de los opositores a la urbanización de la Sierra de San Miguelito en la comunidad de San Juan de Guadalupe, informó que el Juzgado 8º de Distrito en el Estado ordenó al ayuntamiento de San Luis Potosí, al gobierno estatal, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Sedatu frenar cualquier acto de despojo de tierras comunales, con relación al juicio de amparo 1009/2018, promovido por el comunero Juan José García Granja.
Explicó que se abrió un incidente de violación a la suspensión, concedido por auto de fecha 12 de abril del 2019, y que estableció “suspensión de plano contra los actos tendientes a privar, desposeer, desalojar a la parte quejosa del predio comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito…”
Pese a esta orden de suspensión, “se convocó a una asamblea el 21 de julio para asociar a la comunidad con la empresa Espacios del Horizonte, propiedad de Carlos López Medina”, reiteró.
Abierto el incidente de violación de amparo, el juzgado notificó este miércoles 30 de julio a los notarios públicos Fernanda González Zorrilla y Huitzilihuitl Ortega Pérez que intervinieron en la asamblea, y a la empresa “Espacios del Horizonte”, que expliquen su participación en dicha asamblea, a la actual mesa del comisariado comunal entregar todo lo actuado el día de la “asociación” lo que incluye la información “de los cheques que por 27 mil pesos se están entregando a los comuneros cooptados por los desarrolladores y todo lo relacionado al contrato de asociación”.
Luis Alberto Suárez Castillo, integrante del Frente Amplio Opositor, señaló que a Xavier Nava le dan tres días para que informe sobre el operativo policíaco, pues la suspensión de amparo también lo involucraba y no obstante envío el operativo de fuerza pública.
“Al IMPLAN, que elabora el proyecto de cambio de uso de suelo del área pretendida por los desarrolladores, se les dio también tres días para informar”.
El amparo se promovió desde el 2018, cuando se intentó conformar la empresa “Reserva”, fue desechado pero se promovió una revisión y se logró revocar la determinación, cuando convocaron a la asamblea del 21 de julio, se promovió el incidente de violación y es admitido y se ordena mantener la suspensión, y se inicia la investigación por la violación de la misma por el ayuntamiento capitalino y otras autoridades.