Cuando Enrique Galindo Ceballos era la cabeza de la policía federal en la primera parte del sexenio de Peña Nieto, envió a San Luis Potosí a Jaime Ernesto Pineda Arteaga como coordinador de la corporación, fue un nombramiento con noticias escuetas sobre su perfil y experiencia, solo se dijo que procedía de Campeche, era comandante en el municipio de Escárcega.
Por su amor al terruño debemos suponer que Galindo nos mandó a un federal competente y experimentado, alguien de su entera confianza como para encargarle la casa; la vacante tenía ocho meses en espera de un titular tras la salida de José Jaime Padilla Gómez, del que ya nadie se acuerda.
Tantos meses sin un jefe policiaco, reflejaba que San Luis Potosí tampoco era una prioridad para el propio Galindo, lo pensó demasiado, y ahora ha evitado terciar en la controversia sobre si su otrora recomendado debe continuar en funciones o irse ya por el bien de la patria chica.
Tres años estuvo Pineda al frente de la corporación federal que, al igual que su antecesor, pasó desapercibido, como si la plaza estuviera muy fría y no hubiera nada que hacer, hasta que fue llamado por el gobernador Juan Manuel Carreras para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ¿quién se lo recomendó?
Recibió una dependencia hundida en el descrédito y el fracaso porque el titular saliente, el general tamaulipeco Arturo Gutiérrez, estaba más dedicado a propagar su religión entre los agentes que a perseguir delincuentes.
El general fue beneficiario de esa negociación de intereses económicos y políticos que conformaron el gabinete de Carreras y que ignoraron por completo criterios básicos de capacidad, profesionalismo y trayectoria laboral, al grado que lo aceptó sin chistar, no había en el Palacio de Gobierno siquiera un margen para el derecho de veto.
La imposición marcó el inicio del sexenio carrerista, no se actuó con sensatez en un tema tan sensible para población como es la salvaguardia de su integridad y patrimonio, y las consecuencias son muy costosas.
Entre la mayoría de los elementos estatales hubo un sentimiento de rechazo hacia el general y surgió una llamada “fraternidad” como grupo interno de presión que llegó al extremo de bloquear la Salvador Nava, instalaron toldos y fue una noche de caos vial, los policías en rebelión y Carreras y su secretario Alejandro Leal estaban más preocupados en no desvelarse para madrugar e irse a trotar al Parque Tangamanga, cumplir con el ritual del sexenio.
Hubo dejadez oficial y al general se le aguantó hasta que él decidió irse, convencido de que ya era un lastre, su ciclo se consumió antes de lo habitual por su condición de foráneo, se trajo una legión de paisanos y no pertenecía al primer círculo carrerista, pero principalmente porque no dio resultados.
En una situación similar ya se encuentra Pineda, su conferencia de prensa realizada ayer con el estado mayor y el Caco Leal para reafirmarlo en el cargo ante la carta letal de renuncia del director de la policía estatal, Raúl Alanís Beltrán, fue pura parafernalia, cuando deben de salir a dar información a la ciudadanía sobre un hecho grave apagan el teléfono y prefieren que cunda el miedo y la sicosis desde las redes sociales.
Pineda salvó sin mayor problema el juicio político que le interpuso el diputado Edgardo Hernández, en una cruzada personal que incluyó la exigencia de un aumento salarial a la tropa contemplado en los egresos; a la mayoría de los legisladores se les explicó que no hay una preocupación sincera de Hernández por la inseguridad, tiene otras motivaciones y detrás de él estaría el exdiputado y líder verde en el exilio, Manuel Barrera Guillén, que de aliado del gobernador pasó a soterrado enemigo, vaya usted a saber por qué razones.
La cúpula patronal se hizo guaje en un desplegado y le dio un voto de confianza a Pineda; esta claudicación del empresariado no lo habíamos visto desde el sexenio de Marcelo de los Santos. La realidad de abajo es otra, no hay respaldo ni confianza ciudadana a su trabajo porque no hay tal, no es un problema de comunicación como se quiere hacer creer, la cauda de cuestionamientos y reprobación que arrastra el jefe policiaco es el síntoma de toda la administración estatal. [Javier Padrón]