El dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado, Juan Francisco Aguilar Hernández consideró preocupante la renuncia del Director General de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alanís Beltrán,, pues remarcó que en la carta dada a conocer por medios de comunicación hay acusaciones que se deben atender por parte del Ejecutivo.
Aguilar Hernández recordó que desde inicios de este año se había señalado una mala estrategia para combatir la inseguridad, por lo que la declaración hecha en el documento se debe tomar en cuenta para rediseñar e implementar una nueva estrategia que asegure la seguridad de la ciudadanía.
Asimismo dijo se deben investigar los señalamientos hechos sobre supuestas decisiones que han tomado en la irregularidad, pues recalcó que sin duda el actuar de todos los servidores públicos debe estar siempre apegado a derecho y no al margen de la ley.
El dirigente panista hizo un llamado al Gobierno del Estado para que busque fortalecer las fuerzas de seguridad estatales, ya que esto es un sentir constante de la ciudadanía que no se puede dejar de lado por determinaciones parciales que afecten a la Policía Estatal.
En este sentido remarcó que la seguridad de las y los potosinos debe estar siempre por encima de cualquier lucha de intereses personales o intereses partidistas, por lo que se debe tomar especial atención en los señalamientos hechos para evitar malas prácticas que entorpezcan los trabajos de seguridad.
Del mismo modo pidió no dejar de lado la crisis de inseguridad que vive el Estado ya que el omitir resolver los problemas de fondo no traerá resultados positivos y seguirá afectado tanto a la ciudadanía como a los sectores productivos en San Luis Potosí.
Aguilar Hernández concluyó diciendo que el tema de la seguridad es de orden público, y por tanto el Fiscal del Estado debe abrir una carpeta de investigación, así como citar al ex funcionario Raúl Alanís Beltrán a efecto de que declare qué información se le está ocultando al Gobernador, pues en su escrito de renuncia indica, entre varias cosas, que existe una política pública de seguridad mal aplicada en perjuicio de los ciudadanos.