A raíz de la demanda civil que presentó el autor del proyecto y construcción del Centro Universitario de la Salud de Cruz Roja (CUS) por la falta de pago del delegado Óscar Segura Rodríguez, de 6 millones 500 mil pesos, sin incluir intereses y honorarios de abogados, entre los estudiantes hay inquietud y en días pasados se manifestaron.
Las decenas de estudiantes de carreras como enfermería, fisioterapia y otras, temen que sus estudios se vean truncados por un asunto que les es ajeno.
En caso de que el delegado Segura, que a la vez funge como rector del CUS, mantenga su negativa de pago, los riegos latentes es que la justicia civil resuelva el embargo del inmueble y la intervención de las cuentas bancarias que reciben los pagos de inscripciones y colegiaturas de las alumnas.
El escenario para los estudiantes más preocupante es que al quedar embargado el edificio, se queden sin clases y se pierda el ciclo escolar; los juicios suelen tardarse mucho tiempo.
El diputado federal de Morena, Ricardo Delsol ha intercedido en el conflicto civil que sostienen el delegado de la Cruz Roja y el edificador Óscar Pérez Castillo; ha sugerido un acuerdo fuera de los tribunales con el pago que exige el afectado que está dispuesto a negociar los intereses ordinarios y moratorios, no la suerte principal.
Falta la respuesta del delegado de la Cruz Roja, institución que en otros años también ha sido noticia por manejos nada convenientes, como en el caso de la expedición de recibos deducibles de impuestos por montos que no correspondían a las cantidades que ciudadanos donaban para apoyar a la delegación.
A un mes del desalojo de Teresa
Después de un mes de los hechos, este viernes por fin se instaló la “Comisión Especial para la Vigilancia y Seguimiento de la Actuación de las Autoridades Municipales, respecto al caso de la Décimo Primera Oficialía del Registro Civil”, la abogada Teresa Carrizales.
Los funcionarios obligados a presentar un informe son el secretario Sebastián Pérez, el comisario Edgar Jiménez Arcadia, el contralor José Mejía Lira, la coordinadora de derechos humanos, Olga Palacios, y el inspector de asuntos internos de la DGSPM.
Se designó como presidenta de la comisión a la regidora perredista Lidia Karina Rodríguez Zavala, que hace tiempo le dio la espalda al gallardismo para abrazar la causa navista; como secretaria quedó la panista Verónica Campillo Salazar, por lo que es remota una sanción más fuerte a los involucrados.
Lo más probable es que se pretenderá cerrar el caso resolviendo con una amonestación al secretario general, al titular de la DGSPM y a las tres agentes que desalojaron a Teresa Carrizales.
La destitución de los dos funcionarios no pasa por la cabeza del alcalde, no hay un movimiento social a favor de la afectada, ha perdido amparos y la ve como un instrumento político de sus adversarios, incluyendo a gran parte del PAN que ya le dio la espalda.
Denuncian a Gabino por desvío de programas sociales
Un militante de Morena de la Huasteca asegura haber presentado una denuncia contra el “superdelegado” Gabino Morales y otra funcionaria, por propiciar el desvío de recursos federales a través del uso de las tarjetas por los servidores de la nación que aprovechan que los beneficiarios no las recogen.
El Presidente AMLO cada que puede presume que se eliminaron los intermediarios en la entrega de los programas sociales, habrá que ver el curso que tome la denuncia presentada en contra de Gabino.
(Javier Padrón)