Familiares de comuneros entregaron a integrantes de la resistencia contra el proyecto inmobiliario en la Sierra de San Miguelito el contrato que por $23,880 pesos intentan sea firmado por los comuneros titulares de derechos, para generar la asociación entre empresarios y comuneros, informaron en un boletín de prensa.
“Ya no aguantamos más”, señaló José Corpus Salazar nieto de comuneros, “los hijos y nietos de las estirpes vamos a movilizarnos para evitar el despojo de nuestros viejitos…”
De acuerdo al comunicado, “en un descuido del abogado de los empresarios Iván Sandoval Armas, cuando hizo firmar a uno de los integrantes de esta comunidad, fue aprovechado por hijos del mismo y tomaron fotos del documento”.
El abogado Carlos Covarrubias calificó al documento de “infame”, porque incluye una cláusula en la que “las partes se obligan a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información que forma parte del presente CONTRATO DE RECONOCIMEINTO Y RATIFICACION INDIVIDUAL AL CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIAPCION Y PROMESAS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto…” (Cláusula décimo primera, página 6).
En el contrato se obliga a los comuneros a que sus familiares no ejerciten el llamado derecho de tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Agraria, cláusula tercera punto 3; el derecho de tanto es la facultad de preferencia de cualquier hijo o familiar de comunero a pedir la adjudicación de la tierra de manera preferencial sobre otros interesados en adquirirla.
Además, enuncian que un avaluó realizado por BANREGIO, por el cual se paga con $23,880 por comunero a modo de enganche y luego otros $59,701.00 pesos cuando se adquiera el dominio pleno y se entregue la propiedad a los empresarios (cláusula cuarta inciso a).
Las ganancias en el negocio inmobiliario variaran de acuerdo a “el resultado de la operación comercial” (cláusula cuarta, inciso c, hoja 5), es decir, van a pagar lo que convenga sobre precios irrisorios, acusó el sucesor de comuneros José Corpus Salazar.
No obstante que la Procuraduría Agraria ha negado la opinión favorable para constituir una inmobiliaria entre esta comunidad y los fraccionadores, aquí se establece que el objetivo del proyecto es totalmente inmobiliario como dice la declaración II párrafo B, que enuncia “concluyéndose que a partir de esa fecha se llevara a cabo el desarrollo inmobiliario, en una superficie aproximada de 2068 hectáreas de uso común del núcleo agrario Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, determinándose que dicho proyecto será desarrollado por Espacios del Horizonte.
Las tierras podrán ser hipotecadas por los empresarios tal y como se establece en la cláusula segunda del contrato, que dice que el objeto social de la empresa Espacios del Horizonte es “la constitución o asociación de cualquier tipo de sociedad mercantil, civil, o de otra naturaleza con ejidos, ejidatarios, comuneros y comunidades a fin de llevar a cabo el aprovechamiento de las tierras ejidales o comunales para la comercialización de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Agraria vigente. Así como constituir fideicomisos sobre dichos inmuebles, para dar y constituir garantías hipotecarias sobre los mismos…”
Recursos de dudosa procedencia: Quintanilla
En los tiempos de la Garita de Jalisco esta fue la forma de capitalizar a las sociedades mercantiles a costa de los ejidatarios, comentó la abogada Fabiola Quintanilla, asesora del Frente Amplio Opositor, “es el negocio redondo, es el mecanismo de apropiación desalmado y sin miramientos de los hombres del poder económico”.
Llama la atención la cláusula penal, cláusula octava página 5, “donde se establece que los comuneros deberán regresar diversos montos económicos pues deberán devolver el 100% de las cantidades entregadas, incluyendo un préstamo del 15 de octubre del año 2009 y un usufructo del 22 de diciembre del 2013. Se trata de dos contratos por cantidades que fueron supuestamente utilizadas para obtener el cambio de uso de suelo ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuestión que no han podido lograr, pero que es utilizado como chantaje y presión”.
“Fueron dos maniobras intentadas por los empresarios”, recordó Fabiola Quintanilla Reynoso, la primera era para constituir la inmobiliaria Machinali en un área de cuatro mil hectáreas. La segunda, conformar la Sociedad Las Cañadas, ambas fracasaron estrepitosamente. En este asunto existe lavado de dinero y recursos de dudosa procedencia, ahora quieren los empresarios que los comuneros respondan por sus propias pifias”.
El Juzgado 8º de Distrito, en el amparo 1009/2018 ordenó entregar este contrato y sus anexos, tanto a la empresa Espacios del Horizonte, notarios públicos involucrados, mesa del Comisariado de Bienes Comunales, ordenándose a la Procuraduría Agraria, SEDATU y Registro Agrario Nacional no validar bajo ninguna circunstancia este agravio”, comentó Covarrubias Rendón.