Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, y subalterno directo de Rosario Robles, firmó en 2013 dos convenios con universidades públicas, que derivaron en el presunto desvío de 881 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre a empresas fantasma, como parte de La Estafa Maestra.
Estos convenios se encuentran en el expediente de las 9 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2015. Sin embargo, ni la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ni ahora la Fiscalía, han procedido en contra de Zebadúa por dichos convenios.
Incluso, el Órgano Interno de Control de la Sedesol investigó al respecto en 2015, pero concluyó que ni Zebadúa, ni otros tres funcionarios de la dependencia, habrían incurrido en alguna irregularidad. No obstante, en 2018, la Secretaría de la Función Pública sancionó al funcionario que hizo la investigación por dar carpetazo al caso, y por exonerarlos sin sustento jurídico.
Al margen de estos convenios, Emilio Zebadúa fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación en octubre de 2018 por otro presunto desvío de 186 millones de pesos, ahora en la Sedatu, derivado de otro convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que también acabó en empresas fantasma.
Los convenios de Zebadúa
En marzo y mayo de 2013, Emilio Zebadúa, como oficial mayor de la Sedesol, firmó dos convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos, para realizar supuestos servicios para la dependencia.
Los documentos, obtenidos por Animal Político vía transparencia, derivaron en otros siete convenios específicos con ambas universidades, y a través de los cuales hubo un presunto desvío de recursos entre 2013 y 2014, según denunció la Auditoría Superior de la Federación.
Las universidades debían cumplir con diversos servicios relacionados con la Cruzada contra el Hambre por 881 millones 41 mil pesos, pero en realidad se trató de un esquema de corrupción documentado en la investigación periodística La Estafa Maestra.
Esto consistió en que la Sedesol entregaba dinero a las universidades, y éstas se quedaban con 10% del monto y sin cumplir con ningún servicio, y a través de una violación de la ley federal de adquisiciones, le daban el 90% del dinero a una red de empresas fantasma o irregulares, por lo que los recursos públicos desaparecieron.
Apenas dos meses después de la presentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del sexenio, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, comenzó la operación para la salida de recursos de la dependencia.
Emilio Zebadúa firmó el “convenio de colaboración” con Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, el representante legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 1 de marzo de 2013, para “desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio muto”.
Los supuestos proyectos se establecerían en “anexos técnicos”, por ello, éste documento no acuerda una cantidad a pagar, sólo significó abrir la puerta para la salida de recursos con el aval del funcionario con mayor rango, sólo después de la secretaria.
El subalterno de Zebadúa, René Humberto Islas, entonces director de Recursos Materiales, firmó el anexo técnico con el apoderado legal de la Universidad, el 15 de abril de 2013, para entregar 159 millones 850 mil pesos de la dependencia a la institución, y que ésta realizara servicios.
Pese a que la tareas de una universidad eran ajenas a las solicitudes, en el anexo se acordó que la institución haría el concierto Compartamos la música, erradiquemos el hambre; implementaría redes nutricionales a nivel nacional (entrega de despensas) y organizaría un evento ferial para la participación de organizaciones de la sociedad civil.
La Universidad del Estado de México contrató a empresas para hacer los servicios, pero La Estafa Maestra documentó que las compañías eran irregulares e, incluso, fantasma, es decir, no tienen infraestructura real, personal trabajando, ni activos, y sólo simularon operaciones comerciales mediante la emisión ilícita de facturas.
Por Animal Político.