El gobernador Juan Manuel Carreras debe buscar a la brevedad un arreglo con el sindicato dominante de burócratas, o de plano abrir espacios alternos para atender a ciudadanos que tienen que realizar un trámite o un pago y se encuentran con varias dependencias bloqueadas.
La afectación a terceros por exigencias sindicales ya es preocupante, como grave la falta de interés del mismo gobernador y los funcionarios competentes para atender el conflicto, la intransigencia del sindicato se debe vencer con negociaciones de ofrecer lo posible y solucionar las demandas conforme a la ley.
Si se dejan pasar los días con esas acciones de protesta, que incluye un plantón frente a Palacio de Gobierno, el evidenciado será el gobernador no el sindicato y la que paga los platos rotos es la ciudadanía.
El SUTGSE nunca había llegado tan lejos, tomar las sedes de varias dependencias es un recurso extremo, alega violaciones a los derechos de los trabajadores, y hasta ahora no hay un posicionamiento claro y firme de la parte oficial.
El secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, minimizó las afectaciones a los contribuyentes, se dice respetuoso de las protestas y desechó la posibilidad de que los trabajadores que han bloqueado oficinas públicas vayan a ser sancionados, pero tampoco ofrece una solución.
Este jueves fue bloqueada la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular Alberto Elías Sánchez ni lo habría resentido porque su presencia, como su trabajo, es considerado fantasmal.
Las protestas de continuar, pronto alcanzarán a los poderes Judicial y Legislativo. El liderazgo vitalicio de Bernardina Lara es un monstruo creado por el propio gobierno estatal, y ya no encaja en la austeridad republicana en boga.
LA CEAV TAMBIÉN BLOQUEADA
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas también fue tomada, no por los empleados, sino por los familiares de las víctimas que no reciben respuesta a sus reclamos, exigen una audiencia con el gobernador y desestiman al titular, Jorge Vega, como interlocutor, le restan toda capacidad para cumplir con sus labores.
PINEDA, ¿EN LA CUERDA FLOJA?
Después de haber sorteado las presiones mediáticas por carecer del título de abogado, fue cesado el director del Centro Penitenciario Estatal de La Pila, Juan Roberto Montes Romero, pero por otra razón, que tiene que ver más con el decoro en la función pública.
La falta de ese requisito resultó lo de menos cuando se hizo circular una fotografía en la que se supone aparece muy feliz con una mujer entre sus piernas en un “table dance” de la carretera 57.
Ante todo, la moralidad, y el mismo Pineda anunció la destitución de su subordinado. En tanto, dejó plantados a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, con lo que platicaría sobre el clima de inseguridad y las estrategias para combatir el crimen.
Su argumento fue que tenía una “agenda apretada”, la realidad es que con el escándalo de Montes Romero solazándose en un tugurio y la ola de ejecuciones que no cesa, no había condiciones propicias para una reunión de trabajo fructífera. Pineda ya tiene una sobre exposición mediática con un saldo muy negativo para su persona, acudir con los diputados solo lo expondría de nueva cuenta a un intenso golpeteo.
El runrún es que también ya se va. Quizá ya se hartó de tanta crítica por no dar resultados y encuentre acomodo en la Guardia Nacional.
LA MINORÍA RAPAZ
En su conferencia matutina el Presidente AMLO mandó un mensaje claro al gobernador Juan Manuel Carreras, al alcalde Xavier Nava y al fraccionador Carlos López Medina y sus socios sobre la Sierra de San Miguelito, usó su expresión ya clásica de “minoría rapaz” para afirmar que los tiempos en que se hacían las cosas en contra de la ley y la voluntad del pueblo ya pasaron.
El tema de la Sierra de San Miguelito y de refilón el de Cerro de San Pedro, salieron a relucir a pregunta expresa de una periodista de Querétaro que planteó el caso de cinco mil hectáreas ejidales de esa entidad que apetecen unos desarrolladores, ya compraron más de mil a 36 pesos el metro cuadrado, cuando en el mercado inmobiliario costará 5 mil pesos, además de que se impulsa un proyecto para declarar una reserva natural protegida.
La pregunta no pudo ser más oportuna para el caso potosino. En su papel de predicador, AMLO adelantó que aquellos que autorizaran la destrucción de la Sierra de San Miguelito cargarían con un anatema durante varias generaciones de sus familias por haber destruido una zona boscosa. [Javier Padrón].