Marcela Loyola
La organización Cambio por San Luis y victimas de violaciones a los derechos humanos y del delito, exigieron al Gobierno del Estado que libere las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), que se encuentran cerradas por un plantón debido a que los está afectado en la atención legal y psicológica que recibían.
En rueda de prensa diversas víctimas acompañados por el vocero de la asociación civil Cambio por San Luis, Michel Hernández, denunciaron que desde el pasado 14 de agosto se han visto severamente afectados por la toma de las instalaciones de la CEEAV, ya que esto ha impedido el ingreso del personal a dichas instalaciones ocasionando que a las víctimas no se les haya podido brinda la atención jurídica y psicológica adecuada, debido a que sus expedientes están ahí, y los servicios que presta la institución tales como asistencia médica de emergencia.
Ante esto, solicitaron al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López y el secretario general, Alejandro Leal Tovías, que actúen para que se pueda solucione este conflicto y no se siga postergando y agravando las violaciones a los derechos humanos del resto de las víctimas que son atendidas por la institución.
Además, denunciaron que la manifestante María de Jesús Almendárez, busca acceder a cerca de dos millones de pesos por concepto de reparación del daño del llamado Fondo de Ayuda Asistencial y Reparación Integral de la Comisión de Víctimas, lo cual es considerado por el resto de las víctimas como algo desproporcionado y abusivo dado que el daño de esta persona ya fue reparado conforme a la ley, por lo cual sus reclamos carecen de legitimidad.
El asesor jurídico de las víctimas afectadas por el plantón, Víctor Hugo Liceaga Rojas dio a conocer que se promovió un amparo ante el Juez Federal por la falta de acción de diversas autoridades como el Gobernador del Estado, el secretario General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la misma Comisión de Víctimas, por los reclamos por la omisión de proteger los derechos humanos de las víctimas, ante lo cual se solicita a la autoridad federal la suspensión de las medidas que impiden la atención y se falle a favor de los afectados mandando estas autoridades a actuar de forma inmediata.
Por su parte la victima indirecta de la desaparición de su esposo, Alicia Almendarez manifestó que se ha suspendido el apoyo que recibía para la búsqueda de su marido como apoyo de pasaje, entre otros, y no se le hace justo que debido a este plantón se está afectando a miles de personas.
La madre de Milton, joven que fue atacado en Morales por cinco hombres, Laura Alicia Díaz señaló que la CEEAV los está apoyando para una cirugía de su ojo izquierdo y debido a este plantón se le está retrasando la operación, “por esta señora que está empujando por tener un mejor puesto en beneficio de ella y sus hijos”.
Elvira, madre de una mujer víctima de feminicidio, dijo que está a cargo de sus dos nietos que se quedaron huérfanos y si no les llega el medicamento que les está proporcionando la CEEAV pueden quedar desahuciados.
Michel Hernández manifestó que desde el 28 de agosto entregaron en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del Estado un escrito dirigido al secretario Alejandro Leal, en el cual solicita su intervención inmediata utilizando todos los medios a su alcance en estricto apego a los derechos humanos para solucionar este conflicto de manera efectiva. Asimismo, se solicitó una reunión con el funcionario para su intervención y que se atienda a las víctimas afectadas, la cual no fue otorgada.
Finalmente, hicieron un llamado enérgico al Gobernador del Estado y el secretario General para que no dilaten más este conflicto y se actúa en el marco de sus atribuciones con estricto apego a los derechos humanos para recibir las instalaciones y restablecer a la brevedad posible los servicios en beneficio de todos los potosinos.
