La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la FGR una denuncia por presuntos actos de corrupción en la llamada “Casa Blanca” vinculada al expresidente Enrique Peña y su exesposa, Angélica Rivera.
La mansión ubicada en Lomas de Chapultepec y valuada en 54 millones de pesos, fue adquirida por Rivera, a Grupo Higa, el contratista que se benefició con obras millonarias durante el gobierno de Peña.
De acuerdo con Reforma, la SFP presentó ante la Fiscalía General de la República 33 denuncias por presuntos actos de corrupción, entre ellos el desfalco conocido como la Estafa Maestra y por la llamada Casa Blanca.
De acuerdo con el Primer Informe de Labores, entre las denuncias están 20 casos en los que se detectó un enriquecimiento ilícito por parte de distintos servidores públicos.
“Se presentaron 33 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que representa un 55.93% de efectividad de cumplimento; 1 por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, 4 por convenios relacionados con la Estafa Maestra, 5 por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, 1 de Presidencia, 1 Casa Blanca, 1 denuncia Ayotzinapa” detalla.
En agosto de 2015, la SFP, entonces a cargo de Virgilio Andrade, determinó que no había existido ninguna irregularidad en la adquisición del inmueble y dio por cerrado el asunto.
Va SAT contra empresas fraudulentas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de empresas que deducen impuestos con operaciones simuladas, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno.
Además, señala el documento, el SAT realizó un operativo en todo el País para detectar a estas empresas y revisar su operación para evitar que continuaran defraudando al fisco.
“El SAT realizó un operativo a nivel nacional en el que revisó a 150 empresas que facturaron operaciones simuladas. El operativo consistió en visitar, revisar y suspender a 150 empresas que llevaban a cabo este tipo de prácticas ilegales; además, se colabora directamente con la Unidad de Inteligencia Financiera para cruzar información y profundizar en las investigaciones”, indica.
Parte de la información recabada, detalla, sirvió para integrar expedientes que fueron puestos a disposición de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la FGR.
También, para combatir la elusión y la evasión fiscal, el SAT adoptó el uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas.
“(Además), se eliminó la compensación universal, que abría espacios a la evasión y defraudación fiscal, ya que mediante la utilización de saldos a favor obtenidos de manera ilegítima, se reducía indebidamente el pago de otras contribuciones”, indica.
Por Milenio.