Marcela Loyola
Griselda Aro, víctima de desalojo violento y agresiones en la Noria de San José, celebro la resolución de la Contraloría General del Estado de sancionar con 10 años de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público al ex director de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Julio César García Meléndez, aunque dijo que aún faltan más funcionarios de ser sancionados.
Lamentó que el proceso sea tan lento, puesto que a más de tres años que quedo registrada bajo el expediente de la Contraloría PRA-103/2016, los días 7, 8 y 9 de septiembre, mediante edictos a penas se confirmó la inhabilitación pero solamente para uno de los funcionarios involucrados.
Explicó que esta resolución es porque el pasado 14 de junio del 2016, en la Noria de San José se presentó el director jurídico de la CEEAV, haciéndose pasar por un actuario judicial y con la participación de otros funcionarios, llevaron a cabo un despojo ilegal de las propiedades de los habitantes de dicha comunidad.
Agregó que a la par de que era funcionario público se desempeñaba como abogado de la inmobiliaria de capital extranjero Parques American Industries, propiedad del empresario Luis Lara Armendáriz, por lo que presumen actos de corrupción.
Griselda Aro dijo que los habitantes víctimas de la Noria de San José, esperan que esta inhabilitación por 10 años, sirva como ejemplo para que funcionarios públicos eviten actos de corrupción, “ya que es por demás aberrante que las instituciones encargadas de atender a víctimas del delito, sean quienes las re victimicen, y es por eso se deben revisar minuciosamente los perfiles de quienes ocupan puestos públicos”.
Dijo que en la resolución también se ordena la reparación del daño por parte del Estado a las víctimas, y lamentó que la reparación sea con recurso público que se recauda por los impuestos de todos los ciudadanos.
Reiteró que aún falta que se resuelvan las sanciones contra el director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino; y el ex comisionado de la CEEAV, Óscar Candelas Reyes así como el fiscal, Federico Garza Herrera, entre otros funcionarios.
“Sabemos el peligro que corremos al enfrentarnos a autoridades y empresarios, hacemos responsables de los perjuicios que pudieran ocurrirle a nuestra integridad, la de nuestras familias y la de nuestros defensores al gobernador, Juan Manuel Carreras López, y al empresario Luis Lara Armendáriz, ya que hemos sido objeto de amenazas y hostigamiento y desde aquí le decimos a nuestros agresores ¡No tenemos miedo!”, declaró.