Otra vez un caso de corrupción e impunidad ha trascendido administraciones. El majestuoso Parque Nacional Cañón del Sumidero está siendo devastado por la empresa Cales y Morteros del Grijalva, que en 54 años de operaciones ha desmontado unas 50 hectáreas de selva baja, dejando un boquete de entre 30 y 50 metros de profundidad detrás de la pared oriente del cañón, misma que se encuentra en riesgo de colapso debido a la extracción de la piedra caliza con explosiones de dinamita que le ha provocado agrietamientos.
“Empezaron en 1963 a extraer el material pétreo y procesar la piedra. En 1980 se creó el área natural protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero y la empresa no acató ninguna de las leyes ambientales que se generaron en ese momento”, señala Alejandra Aldama, habitante de Ribera de Cahuaré, localidad asentada dentro del parque.
Hace 17 años, Alejandra y una treintena de mujeres de la localidad emprendieron la batalla para frenar las operaciones de la calera, ya que el problema está justo al lado de su casa. Nos internamos en la espesa selva y caminamos monte arriba.
El calor sofoca y tras una caminata de 20 minutos el panorama es desolador: los árboles, la lianas, la hierba, todo el verde se acaba; también el suelo, la sombra, el murmullo de insectos; en el horizonte es clara la dimensión del desastre.
“El agujero está a 15 metros del acantilado de una de las paredes del Cañón del Sumidero, entonces es preocupante porque no solo son daños a la salud, también al medio ambiente y a las paredes del Cañón del Sumidero”, expresa Aldama.
En este punto se divisan embarcaciones de turistas que recorren el cañón en aguas del río Grijalva, sin imaginar que tras la imponente pared ha ocurrido un ecocidio. “La fábrica abarcó todo haciendo una destrucción masiva de árboles, ha perjudicado toda la Ribera de Cahuaré y lugares circunvecinos, además causa daños con los desechos tóxicos.
Si el gobierno, a un pobre campesino que tala para la construcción de una casita lo mete a la cárcel, ¿cómo es posible que por esta destrucción masiva no le hagan nada a esos señores?”, cuestiona Alberto García Díaz, de 64 años y quien en su infancia recorría esa selva que ahora no existe. Cales y Morteros del Grijalva se dedica a la extracción de materiales pétreos, que procesa para obtener cal hidratada, grava y otros materiales para la construcción.
De acuerdo con pobladores, durante 50 años la empresa fue propiedad de Domingo Munguira Revueltas, de origen español, perteneció al Grupo San Roke hasta que en junio de 2013 fue adquirida por el Grupo Industrial Monclova.
Pero la empresa no cuenta con permisos de operación correspondientes, tales como la Manifestación de Impacto Ambiental, la Cédula de Operación y el Cambio de Uso de Suelo que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); tampoco tiene licencia de Uso de Suelo del municipio ni autorización en materia de Impacto Ambiental por extracción y procesamiento de materiales pétreos ni de funcionamiento para fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas.
La calera solo cuenta con licencia de funcionamiento otorgada en 1999 y actualizada de manera irregular por la delegación de la Semarnat en Chiapas en 2009 y 2016.
Desde 2002, mujeres y hombres de Ribera de Cahuaré denunciaron ante instancias federales y locales la operación ilegal, porque sus hijos empezaron a sufrir estragos de los contaminantes. Eligieron vivir en la naturaleza para respirar aire limpio y, en cambio, sus pulmones se llenaron de residuos tóxicos, por lo que ahora padecen asma, rinitis y otras alergias.
Sus reclamos no fueron escuchados, así que en 2011, los afectados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue hasta el 9 de abril de 2019 que la CNDH emitió la recomendación 12/2019 dirigida a la Semarnat y al gobierno estatal, en la que acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, así que instruyó a autoridades a sancionar administrativa o penalmente a los “responsables” de dar la licencia de funcionamiento a la empresa, que en el documento identifica como AR3, AR4 y AR5 para resguardar datos personales.
La CNDH posee como evidencias el Oficio SMA/DNIA/0075/99 del 24 de mayo de 1999, con el que “la delegación de la Semarnat en Chiapas concedió la licencia de funcionamiento 0702700199 a la empresa”. En esa fecha, Pablo Muench Navarro era delegado de la Semarnat, en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Otra evidencia es el oficio del 22 de abril de 2009, donde “la delegación de Semarnat autorizó la actualización de la licencia 0702700199”. En esa fecha, Ramón Eduardo Rosado encabezó esa área de la dependencia. La más reciente actualización del permiso fue en el gobierno de Peña.
Por Milenio