Tras una semana desde la publicación de las listas que nos fueron entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con nombres y montos de los contribuyentes a quienes se benefició con condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales entre los años 2007 y 2015, que ascienden a 274 mil millones de pesos y 570 mil millones de pesos respectivamente, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación manifestamos:
Uno. Que la evidencia presentada hasta el momento muestra que las condonaciones fiscales no sirven para los fines para los que fueron originalmente planteados, como el incremento en la recaudación o el estímulo a la economía.
De acuerdo con el informe de 2013 de la Auditoria Superior de la Federación sobre condonación de créditos fiscales en el programa de condonación masiva de adeudos de 2007, de cada 100 pesos que los contribuyentes adeudaban al fisco, la autoridad fiscal condonó 86 pesos y recuperó únicamente 14 pesos; y con respecto al programa de condonación masiva de 2013, por cada 100 pesos, la autoridad fiscal condonó 75 y recupero únicamente 25. Se recuperaron únicamente 54 mil 933 millones de pesos entre los dos programas y se condonaron 253 mil 471 millones de pesos, es decir, se condonó el 82% de los adeudos.
Dos. Que las condonaciones fiscales terminan concentrándose en unos cuantos contribuyentes y volviéndose privilegios fiscales. El informe de 2013 de la Auditoria Superior de la Federación sobre condonación de créditos fiscales indica que hubo un total de 1,335 contribuyentes que repitieron en ambos programas de condonaciones masivas (2007 y 2013), quienes en total se les condonaron 83 mil 926 millones de pesos. A 15 grandes contribuyentes se les condonaron 46 mil 791 millones de pesos gracias a ambos programas de amnistías, lo cual muestra que utilizaron estos programas como una estrategia para no pagar sus adeudos.
Tres. Con la información disponible, se observa que las condonaciones de adeudos fiscales no favorecieron a un grupo político en específico o a un sector en particular, sino que se consolidó un sistema que permitió a las élites económicas y políticas mantener sus privilegios, perjudicando a millones de personas en México que no reciben los bienes y servicios que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar. En otras palabras, estos instrumentos representaron una renuncia del Estado mexicano a recursos necesarios para impulsar una agenda de políticas públicas que ponga en el centro los derechos de todas las personas.
Lo anterior, sumado a que México es uno de los países de la región que menos recauda, muestra que cada vez resulta más imperante e impostergable la discusión hacia una reforma fiscal progresiva, que haga una revisión profunda de los actuales privilegios dentro del sistema tributario mexicano.
Por ello, desde Fundar, estamos comprometidas y comprometidos a que este caso no pase a la historia solo como un escándalo mediático que como sociedad nos ha llenado de enojo e indignación, sino a impulsar por los medios institucionales adecuados, que nunca más vuelvan a existir privilegios fiscales indebidos. Para lo cual, hacemos un llamado a:
El Poder Judicial. A garantizar el principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6to Constitucional, mediante la apertura de información pendiente respecto a los 201 contribuyentes amparados, cuyo monto condonado asciende a 101 mil 443 millones de pesos entre los años 2007 y 2015; toda vez que los recursos legales promovidos por dichos contribuyentes no se sostienen ante la reciente jurisprudencia. Ésta, establece que la autoridad administrativa, al proporcionar información relativa a la condonación de créditos fiscales, no se encuentra obligada a llamar previamente a las y los contribuyentes beneficiados cuyos datos son relevados, pues no cuentan con un derecho oponible.
Las y los gobernadores. A transparentar de manera proactiva en sus páginas de internet el nombre monto, año, RFC y motivos de aquellas personas físicas y morales a las cuales les fueron cancelados o condonados créditos fiscales y de esta forma, al igual que el Ejecutivo federal, dar cumplimiento al principio de máxima publicidad.
A los poderes legislativos. A que una vez que, como se espera, se apruebe la reforma constitucional que prohibiría las condonaciones fiscales, reformen el Código Fiscal de la Federación y los códigos fiscales de las entidades federativas para establecer expresamente que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo podrán condonar impuestos; a excepción de aquellos casos en donde sea necesario apoyar económicamente a la población que haya sido afectada por una catástrofe natural o algún fenómeno económico con afectaciones importantes para una región o sector específicos.
Este tipo de medidas podría utilizarse siempre y cuando: a) se acredite que serán implementadas como una medida excepcional y para alcanzar un fin constitucionalmente permitido; b) se aporten elementos que evidencien su idoneidad y necesidad; y c) se demuestre que los beneficios económicos y sociales serán mayores a los costos recaudatorios asociados a la condonación de impuestos.
Al pueblo de México. A empujar, desde la sociedad civil organizada y no organizada, a lo largo del país, la exigencia a los gobiernos locales para que se abra la información relativa a las condonaciones y cancelaciones fiscales, y a impulsar reformas legales para que nunca más haya privilegios fiscales en México.
Consulta las bases de datos de los contribuyentes a quienes se les ha condonado y cancelado créditos fiscales en privilegiosfiscales.fundar.org.mx.