A través de diversos documentos oficiales, queda demostrado que desde el ayuntamiento capitalino se busca promover la corrupción en todas sus expresiones, protegiendo a funcionarios que tienen en sus manos, el proceso de rendición de cuentas, uno de ellos, Ramón Farías Ortega que se ostenta como Director Encargado de Administración y Finanzas del Organismo Operador del Agua Interapas, quien incumple con los requisitos del puesto afectando el libre desarrollo de esta institución.
Lo anterior, lo consideró así, el abogado Juan José Frías Aguilera, miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especializados en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., quien dio a conocer que Ramón Farías ha estado mintiendo en la documentación oficial que lo sustenta en el cargo, al señalar que es Licenciado en Economía y que inclusive tiene una maestría en el extranjero, situaciones que no son ciertas y que han sido comprobadas ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, SEP.
No existe antecedente de su cédula profesional, pero sí de dos nombramientos a su favor, uno como encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas, y otro como Director de Administración y Finanzas de dicho organismo, ambos otorgados a su favor por el Director General del Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinoza con fecha 8 de octubre del 2018; con esto se afecta claramente al organismo.
“Es un evidente acto de corrupción y se cae en una irresponsabilidad, ya que la ley no contempla que pueda existir un encargado de despacho, y por otro lado, si exige que la persona para ocupar dicho puesto cumpla con el requisito legal de ostentar una profesión debidamente titulado, aspectos que no ha cumplido, al igual se requiere de experiencia para ese perfil, pero no la tiene”.
Así también está el caso de Isabel Cantú Sánchez, funcionaria de mediano pelo, quien ocupa el cargo de Sub Director de Contabilidad, quien alejada de toda honestidad y ética profesional emite y firma los informes de los Estados Financieros que dicho Organismo rinde a la autoridad fiscalizadora -la Auditoría Superior del Estado, ASE-, quien está consciente de esta ilegalidad y la solapa.
“No exige el cumplimiento de la Ley, ya que dicha funcionaria no tiene la facultad legal para hacerlo, por consecuencia son hechos nulos de pleno derecho. Ante esto existe la complicidad de Gustavo Rodríguez Ortíz, Contralor Interno de la Junta de Gobierno y Comisario Público, así como de Joaquín Alonso de Villa en su carácter de Contralor Interno, toda vez que ambos tienen conocimiento de estos hechos y no han iniciado internamente los procedimientos legales correspondientes, así tampoco han emitido las denuncias ante las instancias competentes, por lo que procede hacer la denuncia ciudadana y solicitar la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en contra de los cinco funcionarios involucrados”.
El litigante, apuntó que con estos datos también descubren que la Auditoría Superior del Estado, incumple definitivamente con su misión de erradicar el cáncer de la corrupción.
